La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la Investigación que adelanta contra varios aforados por corrupción en la Ungrd, la semana pasada dictó medida de aseguramiento contra los expresidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, sindicados de cohecho y peculado, al parecer, por haber recibo dineros a cambio de apoyar iniciativas legislativas que impulsaba el Gobierno, concretamente la reforma pensional y la de salud. Ambos alegan su inocencia en tales suposiciones y esta se presume hasta que no se demuestre lo contrario. Todo comenzó por las denuncias de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que involucraron al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su segundo a bordo Sneyder Pinilla, quienes relataron ante las autoridades la forma como entregaron los dineros y la finalidad que se buscaba que era la destrabar algunos trámites legislativos en el Congreso; sobre el último de los citados incluso, ya hay condenas de responsabilidad penal. Creemos que los vinculados son apenas un extremo de la componenda y que falta por vincular a quienes dieron la orden de proceder de esa irregular manera. La mala nota es que el escándalo de corrupción es inmenso; no habíamos visto que se pretendiera cooptar al Congreso de esa manera; sabíamos de mermelada en el pasado y hasta de contratos; pero cohechos de esta magnitud y con la plata para la prevención de desastres y los carrotanques para el agua de La Guajira no había pasado. La buena noticia para el país, es que está operando el sistema de contrapesos en la democracia. La rama jurisdiccional está cumpliendo su función constitucional de controlar al poder desmedido y abusivo que se presenta con algunos personajes del poder ejecutivo; y de ponerlos en cintura de acuerdo con las competencias constitucionales y legales. En una democracia el poder se controla por el derecho, es lo que llamamos el Estado de Derecho. Pero, además, toda esa información que se acumulado en las investigaciones penales, es relevante para la tarea que cumple la Corte Constitucional como juez del Congreso, estudiando que las reformas legales, como la pensional, hayan cumplido con el debido proceso legislativo y que no sean el resultado de componendas delictivas y de actuaciones ilícitas. Por ello, a buena hora, la Corte Constitucional ha solicitado se le envíe copia de toda la investigación, que, aunque reservada, procede la solicitud de copias en aras de atender el principio de colaboración armónica, y para efectos de establecer la posible correspondencia de los cohechos, con la aprobación de dicha reforma. El pueblo colombiano, que somos todos, debemos apoyar la labor de nuestros jueces, para la conservación de nuestra democracia. Un poder judicial actuante como el que estamos viendo, es la columna de hierro de nuestro Estado de Derecho. *ExPresidente de la Corte Suprema de Justicia