El alto tribunal  por primera vez tendrá en cuenta pruebas de un proceso penal. Investigación por utilizar plata de la Ungrd en fallo sobre la reforma pensional genera debate en Corte. En lo que se constituye en un hecho inédito la Corte Constitucional en el estudio de una de las más de 30 demandas que admitió contra la reforma pensional, solicitó a la Corte Suprema las pruebas que tiene en la investigación a siete congresistas, entre ellos, el expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, capturados la semana anterior, y un excongresista, porque según testigos supuestamente recibieron de altos funcionarios del Gobierno dinero y contratos para aprobar las reformas que presentó el Gobierno. La Corte Constitucional en su función de revisar la exequibilidad de las leyes, en algunos casos por control automático y en la mayoría por las demandas que se presentan, considera el fondo, es decir, si su contenido es compatible con la Constitución, y la forma, es decir, si se cumplen en su trámite en el Congreso los procedimientos establecidos. Algunos de los principios de forma que deben surtirse en el trámite de una ley es el de las mayorías, de publicidad, de participación política. La demanda que presentó la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional es la que más ha avanzado hasta el momento en su estudio y, por ende, podría ser la primera en ser fallada por la Corte, pues el magistrado Jorge Ibáñez está terminando una nueva ponencia que entregará a la Sala Plena de la Corte. El magistrado Ibáñez ya había presentado la ponencia en febrero pasado, solicitando el hundimiento de la reforma porque concluyó que hubo vicios de forma debido a que la plenaria de la Cámara no le dio cuarto debate, sino que por una proposición que aprobó acogió el texto que venía del Senado. Sin embargo, el Alto Tribunal antes de entrar a discutir dicha ponencia cayó en cuenta que cometió un error en el proceso porque olvidó decidir un impedimento que presentó en septiembre pasado la magistrada Diana Fajardo para intervenir en el estudio de esta demanda. Como consecuencia, lo actuado en este expediente quedó invalidado y por ello el magistrado Ibáñez tiene que radicar otra ponencia ante la Sala Plena, y también el ahora procurador Gregorio Eljach se vio en la necesidad de presentar un nuevo concepto del Ministerio Público, en el cual se aparta de su antecesora Cabello porque pidió a la Corte declarar exequible la reforma pensional, pues a su juicio el trámite en el Congreso se cumplió dentro del marco legal.

LA SOLICITUD

Lo novedoso en esta oportunidad es que el magistrado Ibáñez solicitó a la Corte Suprema, al Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá y al Centro de Servicios Judiciales, copia del proceso y las pruebas de la investigación por los hechos de corrupción en la contratación en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). El entonces director de esta entidad, Olmedo López, y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, además de admitir ante la Fiscalía que se beneficiaron de los hechos de corrupción, sostuvieron que altos funcionarios del Gobierno, algunos ministros, dieron supuestamente instrucciones para aprovechar la contratación en la Ungrd destinada a llevar agua a La Guajira durante el pasado fenómeno del Niño, y entregar dinero y contratos a congresistas con el fin de que ayudaran a aprobar las reformas sociales de la Administración Petro: laboral, salud y pensional. Con base en la declaración de Olmedo López y de María Benavides, quien fue asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Corte dio apertura el 12 de noviembre anterior a una investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio. La decisión cobijó a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera. Los parlamentarios hacían parte de la Comisión de Crédito Público en la que supuestamente el Gobierno les ofreció tres contratos por más de $92.000 millones en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), para obtener el aval y poder solicitar empréstitos internacionales a cargo de la nación. Igualmente, Pinilla dijo que por instrucciones de su entonces jefe Olmedo López, viajó a Montería para entregarle a Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara, $1.000 millones. Aseguró que este episodio ocurrió en el apartamento del parlamentario. Sostuvo también el exfuncionario que hizo llegar al entonces presidente del Senado, Iván Name, la suma de $3.000 millones. Dijo Pinilla que la “mensajera” fue la por esos días consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz. Un octavo congresista sumó la Corte a este caso. El pasado primero de abril abrió indagación a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, pues Olmedo López asegura que lo visitó en la Ungrd con unos contratistas y le pidió que los contratara.

OPINIÓN DE JURISTAS

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, dijo que “es usual que en el examen de cumplimiento de los requisitos del proceso que se adelanta en el Congreso de la República, la Corte pida todos los elementos de juicio que constituyeron ese proceso de producción de la ley, y que generalmente se encuentran en las gacetas del Congreso, pero pruebas por fuera del trámite legislativo solo se explican si la Corte tiene la hipótesis de que pudieron existir conductas que viciaran el consentimiento del legislador”. Córdoba dijo que las dádivas que supuestamente recibieron algunos congresistas en el trámite de la reforma pensional, sería un vicio “de forma en tanto pudo haber viciado la voluntad del legislador”. No obstante el jurista advirtió que ahí lo complejo es que “si no hay una definición todavía de los jueces penales, del juez natural que tiene que calificar como delictivas esas conductas, ¿si la Corte en todo caso podría hacerlo?”. Por su parte, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, dijo que “me parece que es un tema acertado, en el sentido de que la Corte es la encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes, que se concibió como un control conceptual, una cosa es lo que dice la Constitución y que la ley no lo contradiga, pero cuando hay elementos que permiten considerar la posibilidad de que hay soborno o delito para la expedición de una ley, que no tiene posibilidades de ser anulada ante otra instancia judicial, me parece que la Corte haga el análisis”.