La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron durante el periodo en el que ejerció el cargo, entre 2008 y 2011. En su momento asumió la contratación del Plan de Aguas del Departamento por cerca de 130 millones de dólares, de los cuales 90 millones de dólares provendrían de un préstamo del Banco Mundial y 40 millones de dólares corresponderían a recursos públicos. Para garantizar el desembolso de los dineros la Gobernación de La Guajira debía seguir el proceso contractual en los términos fijados por la institución financiera internacional y recibir dos cartas, una de aprobación de los pliegos de condiciones y otra de no objeciones para la suscripción del contrato. La administración departamental no recibió el segundo documento que daba aval a la contratación; sin embargo, el entonces gobernador ordenó seguir adelante con el proyecto y disponer de recursos de regalías para garantizar la asignación presupuestal. En ese contexto, fue celebrado el contrato 295 del 30 de diciembre de 2010, por 5.786 millones de pesos, para el mejoramiento de tramos del alcantarillado sanitario en el barrio Arriba de Riohacha. El mencionado contrato fue financiado en su totalidad con recursos públicos, por lo que debía tramitarse de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). Es decir, realizarse licitación pública con estudios de conveniencia y oportunidad, costos, entre otros aspectos. Sin embargo, se siguieron los lineamientos del Banco Mundial, lo cual no procedía porque el organismo internacional nunca dio autorización definitiva para cubrir las iniciativas relacionadas con el Plan de Aguas del Departamento. En ese sentido, se estableció que Pérez Bernier no habría cumplido con su deber de supervisión, control y vigilancia sobre la contratación. Las audiencias preparatorias de juicio comenzarán en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.