Ya llevamos tres meses, por lo menos, hablando de una casi segura descertificación de los Estados Unidos como resultado de una evaluación negativa de lo que ha sido la lucha contra las drogas ilícitas en los últimos meses en Colombia. Se habla de la enorme proliferación de los cultivos de coca y marihuana, de la ineficacia de los métodos de sustitución de cultivos y, aunque se presentan cifras significativas sobre la interdicción de envíos de cocaína al exterior, se considera que estas no son suficientes para compensar las deficiencias en otras dimensiones de la lucha contra los estupefacientes. Se mencionó el envío de una misión de alto nivel para llevar a la consideración de las autoridades estadounidenses los puntos de vista del Gobierno colombiano. Y se sabe de gestiones del sector empresarial que buscan evitar los desastres que serían inescapables en caso de qué las previsiones sobre una segura descertificación ocurran a finales de septiembre o comienzos de octubre. Aparte de ello es evidente que el Gobierno colombiano ha cumplido con un número importante de extradiciones y eso tiene un valor innegable. Con todo, la situación venezolana se ha convertido en una eficaz plataforma para la exportación de la marihuana y la cocaína y, como se sabe, hay una fuerte interacción entre grupos criminales organizados y grupos criminales que tienen como tarea principal la exportación de esos productos . La situación ha sido siempre muy difícil. Los enormes esfuerzos que ha hecho Colombia a un costo muy alto no siempre son debidamente considerados. Y ahora diversas circunstancias facilitan el comercio ilícito de esos productos. Nada sería más destructivo para la economía colombiana, cada vez más frágil, que las consecuencias de una descertificación. Por ello, no se debe ahorrar ningún esfuerzo para que eso jamás vaya a ocurrir. Y claro, no se desconoce que con frecuencia surgen factores que dificultan la relación con los Estados Unidos. Ya la amistad de más de 200 años no se constituye en un buen recurso para lograr una evaluación que le dé el peso relativo a los factores que están propiciando el negocio ilícito de las drogas. Existe la posibilidad de qué se haga una descertificación acompañada de un ‘waiver’ -exención, en inglés-, amplio o limitado, que permitiría satisfacer el descontento de los Estados Unidos con la lucha antidrogas en Colombia y la urgencia de no crear nuevos factores que debiliten aún más la economía nacional. Es aquí donde el empresariado tiene que moverse con buenas razones y particular empeño para que la actitud negativa frente al gobierno de Petro no se convierta en un factor adicional que favorezca la descertificación. Es bien probable que el gobierno no logre por sí solo evitar la descertificación. Tampoco podría hacerlo en forma solitaria el sector empresarial. Se requiere un trabajo solidario, de equipo, que mire tan solo el bienestar de los colombianos en víspera de un proceso electoral muy importante. Algunas de las sanciones que pueden afectar a Colombia tienen que ver con suspensión parcial de la cooperación que Estados Unidos ha venido otorgando a Colombia, la oposición de Estados Unidos a préstamos de organismos multilaterales, otras que pueden afectar la utilización del sistema financiero, y se amenaza con afectar algunas exportaciones... ¿café?, ¿flores? Son sanciones que afectan a campesinos y trabajadoras urbanas que nada tienen que ver con el problema. Hay que agotar esfuerzos para que eso no ocurra. *Exministro de Estado