Además, solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los implicados en este escándalo. El próximo martes 27 de mayo, la Fiscalía General de la Nación iniciará una nueva etapa en el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ocho personas serán imputadas formalmente por su presunta participación en la apropiación indebida de más de $100.000 millones de pesos a través de un convenio suscrito con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el ente acusador, el entramado de corrupción direccionó la contratación pública para beneficiar a particulares y desviar recursos del Estado. El convenio entre la UNGRD y la ANT, que fue sustancialmente reducido, habría sido utilizado como mecanismo para cometer uno de los eventos delictivos más graves en la historia reciente de esta entidad. Entre los investigados se encuentran funcionarios públicos, contratistas, abogados y representantes legales de entidades privadas, quienes enfrentarán cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad documental y lavado de activos.

¿Quiénes serán los procesados?

César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.   Édgar Riveros Rey, abogado. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.   Sonia Rocío Romeo Hernández, contratista de la UNGRD. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.   Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la UNGRD. Delitos: los mismos de Sonia Romeo Hernández.   Édgar Echeverri Toro. representante legal de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú). Delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.   Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de Yapurutú. Delitos: los mismos de Édgar Echeverri Toro.   Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública. Delito: lavado de activos.   Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD. Delito: lavado de activos. La Fiscalía también anunció que solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los implicados, argumentando que su libertad representa un riesgo para el adecuado desarrollo del proceso judicial. Este caso se enmarca en una investigación de mayor alcance que ya ha salpicado a varios funcionarios y exfuncionarios públicos, y que ha revelado un esquema sistemático de corrupción al interior de la UNGRD. Las diligencias de imputación marcan un avance clave en el proceso de judicialización y recuperación de los recursos públicos desviados.