A medida que avanza el proceso de la “consulta popular” se van rodeando las cifras del empleo con una gran ambigüedad. Hay que tomarlas entonces con pinzas para no caer en percepciones erróneas. Acaso la mayor ambigüedad que hemos presenciado en los últimos días ha sido la del auge de la modalidad contractual de los contratos por prestación de servicios que viene utilizando febrilmente el gobierno para sus enganches laborales. Una de las preguntas de la consulta popular habla de que la norma general deben ser los contratos a término indefinido, al paso que los contratos por prestación de servicios (OPS) deben ser la excepción. Pues bien: está sucediendo todo lo contrario: la norma general son las órdenes para prestación de servicios, al paso que los contratos a término indefinido se han convertido en la excepción. O sea, el gobierno está practicando la contratación laboral de manera exactamente distinta a como recomienda a la ciudadanía votar la consulta popular sobre este asunto. En efecto, según cifras tomadas del Secop y divulgadas esta semana, el 75% de las contrataciones laborales de la administración Petro desde el 7 de agosto del 2022 se han hecho bajo la forma de órdenes por prestación de servicios (OPS), que se ha convertido en la manera normal como el gobierno viene enganchando mano de obra. Los contratos a término indefinido son la excepción. No es raro este comportamiento en el gobierno Petro en el que se predican unas cosas, pero se practican otras. Tampoco es sorprendente: los contratos laborales por prestación de servicios son la modalidad más cómoda para hacer politiquería. El camino hacia las elecciones del 2026 lo está tachonando desvergonzadamente el gobierno Petro con estos contratos de prestación de servicios (OPS). Que constituyen el crecimiento del fortín burocrático más desmesurado que está construyendo este gobierno. Según el Dane, en lo que va corrido de la administración Petro se han creado 300.000 empleos públicos, la mayoría de los cuales son contratos por prestación de servicios.   La nómina burocrática del sector público central se ha incrementado de 2,5 a 2,8 millones de plazas, con un costo anual de $ 20 billones. No es sorprendente, entonces, que los gastos de funcionamiento estén creciendo desmesuradamente, así como lo está haciendo el déficit público. Y pensar que el gobierno ha salido a decir con desparpajo que quien está aumentando el gasto público es el Banco de la República. Qué cinismo. Esta semana se divulgaron también los últimos datos sobre empleo que a primera vista no son malos. Se han creado, dice el Dane, cerca de 1.000.000. Solo que el 95% de los empleos que se han creado, ya sabemos, provienen de los contratos por prestación de servicios que febrilmente está promoviendo el propio gobierno. Y del rebusque, que es lo que refleja el incremento de los que denomina el Dane “cuenta propia”. Por eso, al mismo paso que se crean nuevos empleos se viene incrementando la informalidad en el país. Estamos creando puestos de trabajo, pero sin productividad alguna. Segunda ambigüedad. Y la última ambigüedad la enmascara el silencio sobre los costos que entrañan las preguntas de la consulta popular, sobre los cuales el gobierno no dice nada pero que entidades serias como Fedesarrollo estiman que dichos costos   representarán la pérdida de 450.000 empleos. Tercera ambigüedad. Nos estamos movimiento pues en el pantano movedizo de las ambigüedades gubernamentales sobre el empleo. Que dicho quizás con más precisión debería llamarse el terreno de las mentiras para justificar la consulta popular. *Exministro de Estado