El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, manifestó su preocupación por la reciente resolución del Ministerio de Agricultura que otorga facultades ampliadas de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones agropecuarias y campesinas. Bedoya advirtió que esta medida podría vulnerar derechos constitucionales y convertirse en un instrumento de intervención indebida del Estado sobre los gremios del sector. “Huele muy mal esta resolución, porque en nuestro concepto están pasando por la faja dos artículos de la Constitución, el 38 y el 39, que garantizan el derecho a la libre asociación sin intervención del Estado”, afirmó Bedoya. Según el dirigente gremial, esta disposición no solo contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sino que también otorga al Ministerio facultades que solo pueden ser definidas por el Congreso de la República. ¿Qué medidas podría tomar el Gobierno con esta resolución? Entre las medidas contempladas en la resolución, Bedoya señaló con preocupación que el Gobierno podría ordenar la modificación de estatutos de los gremios, suspender o cancelar su personería jurídica, remover a sus representantes legales e incluso designar administradores temporales. “Esto le da al Gobierno la potestad de intervenir directamente en cualquier gremio que le resulte incómodo, afectando su autonomía y violando derechos fundamentales”, agregó. El presidente de la SAC también llamó la atención sobre las posibles implicaciones económicas de esta medida, mencionando que el Gobierno podría tener interés en controlar los recursos parafiscales que administran los gremios agropecuarios: “Si uno empieza a conectar las cosas, esto podría ser parte de un plan para intervenir el manejo de los fondos del sector agropecuario”, advirtió. En cuanto a las acciones a seguir, Bedoya anunció que la SAC acudirá al Consejo de Estado y evaluará la posibilidad de llevar el caso ante instancias internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Los gremios del agro están preocupados porque esta medida no solo es ilegal, sino que genera un ambiente de persecución y temor”, concluyó.   /LaFM