El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se pronunció sobre la polémica resolución que asigna funciones de inspección, vigilancia y control a los gremios agropecuarios, destacando que dichas facultades están respaldadas por la Ley 2219 de 2022, sancionada por el entonces presidente Iván Duque Márquez. A través de un comunicado, el ministerio recordó que en 2013, mediante el decreto 1985, se intentó otorgar estas funciones a la cartera de Agricultura, pero el Consejo de Estado declaró la norma inaplicable por inconstitucionalidad, al considerar que este tipo de regulaciones debían establecerse mediante ley. Sin embargo, la situación cambió con la aprobación de la Ley 2219 del 30 de junio de 2022, que definió las competencias del Ministerio de Agricultura y las Secretarías de Gobierno Municipales y Distritales en materia de inspección y vigilancia. La ley establece que las asociaciones campesinas son "aquellas organizaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituidas o que se constituyan por campesinos", mientras que las asociaciones agropecuarias son "personas jurídicas de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituidas por pequeños o medianos productores". El artículo 11 de esta ley también señala que en caso de que una asociación campesina o agropecuaria incumpla la normativa o exceda los límites impuestos por la ley o sus estatutos, el Ministerio de Agricultura o las secretarías de gobierno competentes podrán "ordenar la suspensión temporal de los actos ilegales, así como imponer otras sanciones conforme a la reglamentación que al respecto expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural". El Ministerio subrayó que la resolución está sujeta al control de legalidad por parte de los jueces de la República y afirmó que se abrirán espacios de diálogo para atender las inquietudes y recomendaciones de la ciudadanía sobre esta normativa. Sin embargo, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se pronunció en contra de la resolución emitida por el Ministerio de Agricultura y advirtió que va en contra de la Constitución. “Esta resolución es gravísima porque nuestra opinión va en contravía del artículo 38 y del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, que garantizan el derecho de libre asociación y sin intervención del Estado”, señaló Bedoya a RCN Radio. El presidente de la SAC indicó que “son todos los artículos de la resolución puntos absolutamente críticos, porque simplemente el gobierno lo que busca es tener injerencia y control de actividades que son de naturaleza privada”. También alertó sobre las amplias facultades que la norma otorgaría al Ministerio de Agricultura: “Pretende el gobierno tener la autoridad para interpretar los estatutos, remover a los representantes legales y muchas otras”. Bedoya aseguró que la SAC hizo llegar sus observaciones a la ministra de Agricultura en dos ocasiones, además de haber contactado a la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para insistir en que el Ministerio del Trabajo debería garantizar el derecho de libre asociación. “Es todo lo contrario lo que el Gobierno de Colombia pretende hacer con esta resolución”, afirmó. Finalmente, Bedoya indicó que la SAC acudirá a las vías legales para defender el derecho de libre asociación y frenar la implementación de la resolución. “Accederemos a todas las herramientas legales que nos brinda nuestra Constitución”, concluyó.   /LaFM