‘Nos están matando’

Durante el llamado “estallido” ocurrido en 2021 -para sus promotores, “social”; para muchos colombianos, “criminal”- que sirvió de plataforma para la campaña electoral de Gustavo Petro, se acuñó la consigna “nos están matando”. Cada hecho de violencia era amplificado en redes sociales, acompañado de un meticuloso conteo de víctimas para señalar con el dedo acusador al gobierno anterior. Sin embargo, con la llegada de Petro al poder, tanto el estribillo como el escrutinio sistemático de muertes desaparecieron.

Lamentablemente, la frase ha resurgido. Esta vez, en boca de miles de familias desesperadas que ven a sus seres queridos atrapados en un limbo tortuoso, aguardando por una consulta médica, un medicamento o, en el peor de los casos, un procedimiento quirúrgico que nunca llega. La respuesta en clínicas y hospitales es siempre la misma: “No hay presupuesto ni autorización para el servicio”.

El colapso del sistema de salud bajo el actual gobierno se ha convertido, junto con la creciente violencia, en el mayor padecimiento de millones de colombianos. No obstante, el pasado jueves, la Cámara de Representantes -con el voto del petrismo y el servilismo pagado de liberales, conservadores y miembros del Partido de la U- aprobó, sin pudor ni escrutinio, la mal llamada reforma a la salud. Bastó la llegada del nefasto Benedetti, investido de ministro y con la chequera oficial en el bolsillo, para que aquellos congresistas hipotecaran su conciencia sin el menor reparo en las letales consecuencias.

¿Por qué lo aprobado es desastroso? Porque se votó sin conocer su sostenibilidad financiera, una información que ni el propio Ministerio de Hacienda pudo sustentar. De hecho, ni siquiera expidió el aval fiscal requerido para su trámite legislativo. Algunos centros de estudio estiman que el costo de esta reforma ascendería a 180 billones de pesos en la próxima década, una cifra que no podría existir en los presupuestos a proyectar.

La reforma también impone los llamados Centros de Atención Prioritaria para la Salud (CAPS), cuya infraestructura demandaría al menos seis billones de pesos adicionales. A ello se suma la adscripción obligatoria de los pacientes a un CAPS cercano a su residencia, eliminando su derecho a elegir el prestador de su confianza y condenándolos a la mediocridad, sin importar la calidad del servicio.

Como si fuera poco, la reforma despoja a las EPS de su función de gestión del riesgo en salud, convirtiéndolas en meras “gestoras de vida y salud”, con menos atribuciones pero con los mismos recursos. Sin embargo, lo más alarmante es que la ADRES -entidad encargada de administrar los recursos del sistema- se transformaría en un mastodonte burocrático con una chequera de 90 billones de pesos, manejada a discreción por un solo funcionario. Y ahí radica la verdadera intención de tramitar esta reforma: la concentración absoluta del poder y la manipulación discrecional de los recursos de la salud, todo en manos de un burócrata designado por el presidente de la República.

El desenlace es claro: cada representante a la Cámara que aprobó este atentado contra la salud y la vida hipotecó su conciencia y traicionó a los colombianos. Sus nombres ya circulan en las redes sociales y hay que difundirlos aún más. Ahora, el destino de nuestro sistema de salud queda en manos del Senado de la República, en donde esperamos que se imponga nuevamente la sensatez y la dignidad con las que hundieron este adefesio en el pasado reciente.

*Expresidente del Congreso