Sector arrocero en jaque

El campo colombiano ha sido traicionado. Los discursos de este Gobierno sobre soberanía alimentaria y protección de la producción nacional han quedado en el aire, convertidos en palabras vacías. La crisis arrocera es el reflejo de un Gobierno que se niega a gobernar.

No se trata de una alerta temprana ni de una advertencia apocalíptica. Es un hecho. Y en el centro de esta tormenta se encuentra el sector arrocero, uno de los pilares de la seguridad alimentaria del país, que hoy agoniza ante la indiferencia de un Gobierno que se niega a escuchar.

El drama es claro: los arroceros trabajan a pérdidas. Por cada hectárea cultivada, los productores pierden hasta $2 millones. Un país donde 198 municipios dependen directamente del arroz, donde 472.000 colombianos encuentran empleo en esta cadena productiva y donde se producen más de tres millones de toneladas al año. Esta crisis nos afecta a todos.

Pero el Gobierno, en lugar de actuar, juega al espectador. Mientras los arroceros se enfrentan a costos de producción insostenibles, el arroz sigue llegando caro a la mesa de los colombianos ¿Cómo se explica esta contradicción? Ineficiencia, improvisación y falta de liderazgo.

El sector arrocero anticipó lo que hoy está ocurriendo. Sin embargo, el Gobierno se mantuvo en silencio. Ahora, cuando el agua les llega al cuello, han tenido que anunciar una movilización nacional indefinida, porque no les dejaron otra opción.

Esta situación tiene implicaciones económicas y sociales; pone en riesgo la seguridad alimentaria. Si el Gobierno sigue de brazos cruzados, ¿quién sembrará el arroz del próximo año? ¿Quién podrá sostenerse en el campo cuando producir significa endeudarse sin retorno? ¿Cuántos pequeños y medianos productores terminarán vendiendo sus tierras porque simplemente no pueden más? El Presidente y su equipo hablan de soberanía alimentaria, de protección de la producción nacional y del campesinado, pero se quedan en discursos, no hay acciones.

La crisis que atraviesa el sector arrocero en departamentos como Casanare, Tolima, Meta, Huila y Norte de Santander no es producto del azar. Es consecuencia directa de la falta de políticas claras, de la ausencia de planes de choque y de la incapacidad del Gobierno para garantizar condiciones mínimas de producción y comercialización.

No podemos permitir que la desidia oficial acabe con el arroz colombiano. No podemos aceptar que, por la incompetencia de unos pocos, paguen miles de familias campesinas.

Colombia tiene futuro. El desarrollo agroindustrial debe ser una política de Estado a largo plazo. Mientras tanto para salir de esta crisis, hay que tomar medidas urgentes y efectivas. Primero, mejorar la producción con tecnología más avanzada, semillas de mejor calidad y técnicas de cultivo más eficientes. Terminar los distritos de riego como el Triángulo del Tolima y Ranchería en La Guajira. Segundo, garantizar créditos justos para los agricultores, con acceso a financiamiento. Tercero, crear espacios adecuados para almacenar y secar el arroz, evitando que los productores tengan que venderlo barato cuando el mercado está saturado. Finalmente, Colombia debe pensar en grande: exportar más arroz y mejorar la infraestructura de transporte para reducir costos.

*Senador