El informe concluyó que la entidad superó el límite del 8% autorizado para gastos administrativos y utilizó recursos parafiscales en créditos no previstos en la normatividad.

El hallazgo de mayor cuantía, por $14.442 millones, se derivó de la destinación de un porcentaje superior al 8% permitido para administración, lo que redujo los recursos destinados a los servicios sociales para trabajadores afiliados y sus familias.

La Contraloría recordó que las normas vigentes establecen que los recursos parafiscales deben emplearse exclusivamente en los porcentajes fijados por la Ley 21 de 1982.

El ente de control citó la Circular Externa 23 de 2003 de la Superintendencia de Subsidio Familiar, que prohíbe a las cajas de compensación exceder el valor asignado para administración, instalación y funcionamiento.

Según el informe, esta irregularidad configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y posible connotación disciplinaria.

Otro hallazgo relevante, por $3.694 millones, se relaciona con la asignación de créditos de libre inversión y para la compra de vehículos, pese a que las cajas de compensación no están autorizadas para otorgar este tipo de financiamiento con recursos parafiscales.

La Contraloría explicó que estas operaciones incumplen la normativa del subsidio familiar y carecen de autorización de la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Superintendencia Financiera.

En total, la Contraloría reportó 24 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tendrían posible incidencia fiscal, 18 presunta implicación disciplinaria y uno será sujeto de proceso administrativo sancionatorio fiscal.

Además, cuatro hallazgos serán remitidos a instancias como la Junta Central de Contadores, la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Superintendencia Financiera para su respectivo análisis.

/Colprensa