Los concejales interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Seccional Montería en la que informaron haber recibido las intimidaciones, debido a su postura frente a proyectos de acuerdo presentados por el alcalde local.

Según la denuncia, los cabildantes fueron instados a renunciar a sus cargos bajo advertencias contra su vida.

Ante esta situación, la Procuraduría solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar de inmediato el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección bajo trámite de emergencia para garantizar la seguridad de los afectados y permitirles continuar en sus funciones.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos condenó las amenazas y advirtió que estos hechos constituyen una vulneración grave a los derechos fundamentales de los concejales, así como un atentado contra la democracia local.

El Ministerio Público exigió respuestas claras y efectivas por parte de las entidades competentes para prevenir cualquier vulneración adicional a la vida e integridad de los funcionarios. Además, señaló que hará seguimiento a la evolución del caso para verificar el cumplimiento de las medidas de protección.

/Colprensa