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Procuraduría solicita informe sobre los rellenos sanitarios del Magdalena
La Procuraduría General de la Nación, mediante un comunicado emplazó a todas las Corporaciones Regionales del País, CAR, para que informen sobre la situación integral de los rellenos sanitarios en sus jurisdicciones.
De manera generalizada la Procuraduría General de la Nación, está solicitando a todas las Corporaciones Autónoma Regionales del País, informe detallado sobre la situación de los rellenos sanitarios en cada municipio y ciudades capitales.
Esta petición de la Oficina del Ministerio Público, se la hace directamente a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, para que preste la información de los rellenos de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, El Banco y en los demás municipios del Magdalena.
El emplazamiento no solo es la Corporaciones Autónoma Regionales del País, CAR, sino también a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, con el fin de consolidar un diagnóstico actualizado que permita la toma de decisiones oportunas en cada jurisdicción, con el fin de consolidar un diagnóstico actualizado que permita la toma de decisiones oportunas en materia de gestión de residuos sólidos.
“Por lo anterior, las entidades deberán remitir, entre otros detalles, la ubicación, cobertura, nombre del operador y del sitio de disposición. También se requirió información sobre las condiciones operativas del relleno, su vida útil estimada, el instrumento de manejo y control ambiental vigente, la autoridad ambiental encargada del seguimiento y control, y la vigencia del instrumento”, expresa el informe.
Adicionalmente, se deberán identificar las problemáticas ambientales que enfrenta cada sitio de disposición, así como los procesos sancionatorios ambientales vigentes, indicando el número de radicado, fecha de apertura, cargos y estado actual del proceso. Asimismo, es fundamental informar si el sitio cuenta con un plan de contingencia.
“Finalmente, se precisó que, si bien el ente de control no coadministra, sí debe ejercer acciones de apoyo a la gestión pública para prevenir hechos que puedan afectar derechos individuales y colectivos, especialmente en lo concerniente a la protección del medioambiente, los recursos naturales y la prestación eficiente del servicio público de aseo”, finaliza el documento de petición.
