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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró la investigación contra el excongresista Luis Almario Rojas, acusado por Benjamín Herrera Londoño de secuestro, un hecho que no ocurrió, de acuerdo a las pruebas recopiladas por las autoridades y los vacíos, incongruencias y hechos «fantasiosos» relatados por la supuesta víctima.
Herrera Londoño, acreditado como víctima por la JEP, aseguró que Almario Rojas estuvo detrás de su supuesto secuestro, ocurrido de acuerdo a su versión entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 en el Puerto de las Delicias, en bocas del río Mecaya (Caquetá), por parte de hombres del Frente 48 del Bloque Sur de las extintas FARC.
Para lograr su liberación, la supuesta víctima debió él mismo recaudar los $350 millones que le exigían los guerrilleros. Para tal efecto, habría viajado a Neiva y Bogotá en compañía de un hombre y una mujer de esa organización.
Como sacado de una historia de policías y ladrones, Herrera Londoño aseguró que su libertad se cocinó inicialmente en el amor, al lograr seducir a la guerrillera que lo acompañaba y quien luego lo ayudó a escapar.
Después de alcanzar su libertad por efecto del amor y la seducción, el hombre viajó a la Base Aérea de Tres Esquinas (Caquetá) para denunciar lo ocurrido y guiar a las tropas helicoportadas hasta el campamento donde supuestamente estuvo retenido. Lo que siguió fue el bombardeo del lugar, lo que habría conjurado todos sus males y borrado de la faz de la tierra cualquier registro que pudiera contradecir su versión.
Pero la imaginación de Herrera Londoño no se detuvo ahí, aseguró a las autoridades que detrás de su retención estuvo el excongresista Almario Rojas, sediento de venganza por su labor como asesor del fallecido congresista Diego Turbay Cote, asesinado por las extintas FARC, en diciembre de 2000, hecho por el que se investiga al excongresista.
Al cotejar esta versión con la realidad, la historia de Herrera Londoño se derrumbó, puesto que las fechas del relato estaban plagadas de inconsistencias. Además resultó extraña y poco creíble la narración de que él mismo fue a buscar el dinero para pagar su liberación, dado que eso no coincidía con la manera de actuar de las extintas FARC cuando se trataba del manejo de secuestrados.
Tampoco resultó cierta su versión de su cercanía o labor profesional con el parlamentario Turbay Cote. A todo ello se sumó que no existen registros de su contactó con las tropas para que se diera el bombardeo, que solo ocurrió en su imaginación.
«En el análisis de las 19 pruebas documentales recolectadas por la UIA, la sala encontró que no hay elementos que permitan inferir lógicamente que, en efecto, Herrera Londoño fue privado de la libertad por las extintas Farc-EP a finales de 2002», precisó la JEP.
Tras ser desvirtuada su versión con base en el acopio de pruebas, el Tribunal de Paz estudia ahora si le revoca a Herrera Londoño su acreditación como víctima ante el Registro Único de Víctimas (RUV), además compulsó copias a la Fiscalía, para que determine si su conducta «podría acarrearle una responsabilidad penal por delitos contra la administración de justicia».
En el caso de Almario Rojas, la JEP dijo que sigue en marcha su proceso en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, por su presunta participación en el secuestro de Rodrigo Turbay Cote y los homicidios de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
/Colprensa