Continúa rifirrafe entre Petro y Bogotá por ordenamiento ambiental

Con amenazas de acciones legales continuaba este miércoles el rifirrafe entre el gobierno de Gustavo Petro, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y el gremio de la construcción Camacol, por la resolución de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá, emitido por el Ministerio de Ambiente.

Luego de que el alcalde Galán calificara esta acción como violatoria de la ley y un golpe a la autoridad territorial y anunciar acciones legales, el Presidente respondió con duras acusaciones y la advertencia que no cambiará de posición.

“¿Cómo es posible que el Alcalde vea como un ataque a Bogotá el que se cuide el agua de la sabana?”, reclamó Petro en X. El mandatario sostuvo que “el artículo 61 de la ley 99 pide una especial protección a la Sabana de Bogotá. Mi gobierno cumplirá la ley. La Sabana no debe ser depredada porque 9 millones de personas se quedarán sin agua».

Petro insistió en su posición de impulsar el ordenamiento ambiental y hasta cuestionó al gremio de la construcción, a quienes acusó de codicia y de no respetar la vida.

“Camacol no puede seguir pavimentando la Sabana de Bogotá porque dejará sin agua a nueve millones de habitantes. Por primera vez, deben entender que la vida está primero que la codicia”, escribió.

Sostuvo que “hoy le corresponde a la misma ciudadanía defender el agua de los depredadores que se la han quitado. Revitalizar la selva, prohibir minería en la cuenca alta del río Bogotá, descontaminar el río y sus afluentes, salvaguardar los humedales, hacer la reserva Thomas Van der Hammen y extenderla, utilizar masivamente el agua lluvia”.

Más de 360 mil viviendas estarían en riesgo

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) terció en la disputa al advertir que la resolución sobre ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá del Ejecutivo afectará la construcción de 360.000 viviendas, de las cuales el 65% son de interés social.

Según el gremio, esto pondría en riesgo la oferta de vivienda formal en la región, impactando el empleo y la economía. Además, denunció la falta de espacios de participación y socialización adecuados antes de la publicación del proyecto.

“Esta resolución ha sido un proceso unilateral del Gobierno Nacional que no ha cumplido con los requerimientos legales. No hubo participación ciudadana ni concertación con las autoridades locales”, denunció el gremio.

Camacol solicitó la intervención urgente de la Procuraduría, puesto que la resolución bloquea el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, vulnera los derechos de la ciudadanía e impide el desarrollo ordenado.

/Colprensa