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Cada amenaza ignorada aumenta el riesgo de feminicidio en el país
La Corte Constitucional concluyó que la violencia contra las mujeres no suele iniciar con la agresión física, sino con amenazas y hostigamientos que muchas veces son ignorados por las autoridades.
En su fallo, el tribunal amparó los derechos de una mujer que denunció a su expareja por amenazas sin obtener protección efectiva y ordenó medidas urgentes para evitar un posible feminicidio.
Cristina terminó su relación con John tras ser agredida físicamente e intentar ser violentada sexualmente en un viaje. Antes de eso, él había intentado desprestigiarla en su trabajo y enviado mensajes insultantes. La víctima denunció estos hechos ante la Fiscalía, pero la investigación fue archivada.
Tiempo después, recibió mensajes en los que se afirmaba que “se había firmado un contrato por ella” y que “algo iba a ocurrir”.
Ante el temor de que su expareja cumpliera sus amenazas, volvió a denunciar. Sin embargo, no recibió medidas de protección eficaces y quedó en un estado de zozobra permanente.
La Corte concluyó que las autoridades no actuaron con diligencia frente a la denuncia y que Cristina se encuentra en un evidente riesgo de feminicidio.
Por ello, ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación, determinar la necesidad de extender medidas de protección para la víctima y su familia y avanzar en el proceso penal contra su agresor.
Asimismo, dispuso que la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá brinde acompañamiento psicosocial a la víctima y subrayó la importancia de que las autoridades evalúen con rigor el nivel de riesgo en estos casos.
El tribunal alertó que muchas mujeres asesinadas por razones de género habían denunciado previamente amenazas sin recibir protección oportuna.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de una respuesta articulada entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia para prevenir estos crímenes.
Finalmente, la Corte reiteró que la Fiscalía debe investigar con perspectiva de género y visibilizar el contexto de discriminación contra las mujeres a lo largo del proceso penal.