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Corte constitucional le pone lupa a conmoción interior en tema educativo
La Corte Constitucional ordenó una revisión exhaustiva del decreto 0155 de 2025, emitido en el marco de la conmoción interior declarada por la Presidencia debido a la crisis humanitaria y la violencia en el Catatumbo.
La magistrada Cristina Pardo solicitó pruebas al Ministerio de Educación para determinar si la construcción de 55 sedes educativas en la región tiene relación con la situación de orden público que motivó la medida excepcional.
El decreto faculta al Fondo de Infraestructura Educativa (Ffie) para edificar centros de educación en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. Sin embargo, la magistrada Pardo pidió explicaciones sobre la pertinencia de esta inversión dentro del estado de conmoción interior.
La Corte buscaría establecer cómo la construcción de infraestructura educativa podría contribuir a resolver un problema de seguridad considerado estructural.
Entre las preguntas formuladas se encuentran: «¿Por qué resulta indispensable este decreto para hacer frente a la situación de violencia que vive el país en el Catatumbo?» y «¿cómo la construcción de una sede de educación superior puede hacer frente a una ola de violencia?».
Además, la magistrada cuestionó la habilitación del Ffie para realizar obras en educación superior, dado que esta entidad se enfoca tradicionalmente en preescolar, básica y media.
El decreto 0155 es una de las herramientas clave del Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, para fortalecer el sector educativo en zonas afectadas por la violencia.
El plan contempla la construcción de 55 sedes modulares en un plazo de menos de 18 meses, con una inversión superior a los $70.000 millones.
La Corte solicitó información detallada sobre la demanda educativa en la región, los recursos asignados y la población beneficiada. También pidieron claridad sobre el impacto socioeconómico de las obras proyectadas.
El pasado 22 de febrero entraron en vigor tres impuestos establecidos por el Ministerio de Hacienda para recaudar recursos destinados a la crisis social y de seguridad en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González. Estas medidas, contempladas en el decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.
Según el Ministerio de Hacienda, los impuestos permitirán recaudar $1 billón de pesos en los primeros 90 días de su implementación. Si la medida se extiende por dos periodos adicionales, como lo permite la Constitución con autorización del Senado, el recaudo total podría alcanzar los $3 billones de pesos.
/ColPrensa
