La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 11 miembros del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa' al concederles la renuncia a la persecución penal. La decisión extingue su responsabilidad penal y elimina sus antecedentes judiciales tras determinar que no fueron hallados como máximos responsables en los asesinatos de una niña Wiwa y un joven Kankuamo en 2005, hechos presentados como bajas en combate en el departamento del Cesar. Los beneficiarios de la medida son el teniente Ómar Eduardo Vaquiro Benítez; el cabo primero Boris Alejandro Serna Mosquera; los soldados profesionales Deimer Cárdenas Martínez y Ronal Enrique Acuña Díaz; y los soldados regulares Analdo Enrique Fuentes Estrada, Alejandro Angulo Acensio, Fredis Alberto Díaz Romero, Miguel Ángel Molina Díaz, Richard Alberto Campo Tonso, Luis Manuel Brito Camarillo y Emel Emiro Almanza Meza. Todos están retirados del Ejército, excepto Acuña Díaz, quien aún permanece en servicio activo. La renuncia a la persecución penal se concedió de manera parcial en el caso del teniente Vaquiro, debido a que este admitió su participación en dos nuevos hechos que seguirán bajo investigación. Las víctimas fueron Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven Kankuamo de 23 años. Sus asesinatos ocurrieron el 9 de febrero de 2005 en la vía entre el sector El Mojao y la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez, Resguardo Kankuamo, en Valledupar. Los dos fueron presentados como bajas en combate por integrantes de la patrulla 'Dinamarca Uno' del Batallón 'La Popa'. Este caso hace parte del patrón macrocriminal identificado por la JEP en 2021, cuando se imputó a 15 integrantes del Batallón 'La Popa' como máximos responsables. De ellos, 12 reconocieron su participación en una audiencia pública en julio de 2022 en Valledupar. En la investigación se estableció que entre enero de 2002 y julio de 2005 se registraron 127 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, las cuales fueron calificadas por la JEP como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aplicó este beneficio conforme a lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz de 2016 y las normas transicionales. Para acceder a la medida, los comparecientes debieron cumplir con tres criterios: haber participado en graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, no ser considerados máximos responsables y (cumplir con un régimen de condicionalidad estricto. El tribunal transicional determinó que los comparecientes no ostentaban un rol de liderazgo ni tomaban decisiones en la ejecución del plan criminal dentro del Batallón 'La Popa'. Sin embargo, se comprobó que contribuyeron a la ejecución de los crímenes al participar en las operaciones en las que se llevaron a cabo los asesinatos. En audiencias públicas realizadas en junio y diciembre de 2024 en Valledupar, los comparecientes aportaron información detallada sobre los hechos, reconocieron su responsabilidad y contribuyeron a la reparación de las víctimas. Explicaron que las víctimas no eran parte de ningún grupo armado, confesaron detalles sobre cómo fueron extraídas de su hogar y trasladadas hasta el lugar de su asesinato, y precisaron quiénes dispararon. En la audiencia de diciembre, Alejandro Angulo Acensio confesó haber disparado contra Hermes Carrillo en estado de indefensión. "Encontré a Hermes boca abajo, tirado en el suelo. Recibí la orden y disparé en su contra", declaró. La JEP concluyó que, si bien los comparecientes no recibirán una sanción penal, tienen la obligación de continuar aportando verdad y contribuyendo a la reparación. En paralelo, los 12 máximos responsables que aceptaron su participación enfrentarán juicios y deberán cumplir con trabajos, obras y actividades restaurativas, mientras que tres comparecientes que no aceptaron los cargos enfrentarán un juicio adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento.