La más reciente evaluación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subraya que, a pesar de algunos avances legales y esfuerzos por una “paz total”, persisten en Colombia graves afectaciones contra la población civil. El informe, que se enfoca en la situación de 2024, alerta sobre la continuidad de reclutamientos de menores, la violencia por razón de género y el control territorial ejercido por grupos armados no estatales. Según la ONU, durante el año pasado se verificaron 72 masacres, un 27% menos que en 2023, pero con 252 víctimas registradas. Asimismo, se documentaron 216 casos de reclutamiento y uso de niños y niñas por grupos armados, la mayoría en zonas con presencia histórica de actores ilegales. Una de las cifras más graves señala que el 50% de las personas desplazadas y el 66% de la población confinada pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que agrava la preocupación por los efectos desproporcionados del conflicto en estos grupos. La publicación reitera que existen avances normativos, como la ratificación del Acuerdo de Escazú y la adopción de nuevos protocolos de seguridad y derechos humanos. No obstante, el alto comisionado considera indispensable que el Estado acelere la adopción de políticas efectivas para la protección de líderes sociales, de excombatientes y de personas defensoras de derechos humanos. Entre las principales recomendaciones se encuentra reforzar la presencia institucional en los territorios, ya que las amenazas de grupos armados limitan la acción de las autoridades encargadas de atender a víctimas de desplazamiento y violencia sexual. “El riesgo de exterminio físico y cultural persiste en varios pueblos indígenas, que soportan la presión de la pobreza, la violencia y los proyectos extractivos”, apunta el documento. Además, se advierte sobre la importancia de garantizar justicia y reparaciones a las familias de quienes sufren desaparición forzada y reclutamiento de menores, un tema que requiere “acciones urgentes, con enfoque de género y étnico”. El informe también indica que la política de “paz total” impulsada por el Gobierno ha generado expectativas en diversas comunidades, pero subraya que, para proteger a la población civil, es clave integrar de forma coherente los diálogos con grupos armados, las acciones de seguridad y la implementación del acuerdo de paz de 2016. La ONU reconoce algunos descensos en el número de homicidios atribuidos a grupos ilegales, pero enfatiza la urgencia de articular esfuerzos estatales y comunitarios para reducir la violencia y garantizar derechos elementales como la educación, la salud y la libre movilidad. /WRadio