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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó al excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo una última oportunidad para presentar aportes de verdad que sustenten su permanencia en esta instancia de justicia transicional.
Durante los días 20 y 21 de febrero, el compareciente fue citado a una audiencia adicional en la que debió ofrecer detalles sobre la presunta articulación de estructuras paramilitares en Atlántico y Magdalena, así como las posibles alianzas sociales, políticas y económicas que habrían fortalecido dichos grupos en la región.
Según lo informado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, esta diligencia busca “verdad plena, suficiente y exhaustiva, que supere lo conocido en la justicia ordinaria”, con el fin de promover la “restauración de los tejidos sociales rotos por la violencia en la Costa Caribe”.
Concretamente, se espera que Ashton revele nombres de terceros civiles, funcionarios públicos y líderes políticos o gremiales que, de acuerdo con su conocimiento, estuvieron implicados en la conformación y financiamiento del frente ‘José Pablo Díaz’ del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), activo desde 1997 en el Atlántico.
La audiencia incluyó la participación de representantes de la Universidad del Atlántico, en calidad de víctima colectiva; de las Mesas de Participación de Víctimas de Atlántico y Magdalena; de la Mesa de Víctimas de Soledad (Atlántico), y del Ministerio Público.
Este espacio de escucha y confrontación de información es decisivo, toda vez que la Sección de Apelación había subrayado la necesidad de que Ashton aporte datos novedosos y veraces para esclarecer los patrones macrocriminales atribuidos a las AUC en la región.
Ashton, quien ingresó a la JEP en julio de 2019 por delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y amenazas, obtuvo en ese momento el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.
Sin embargo, en octubre de 2021 la Sala revocó tanto su sometimiento como dicho beneficio, motivando que la defensa apelara. Finalmente, en marzo de 2022 se le abrió un incidente de incumplimiento al encontrar vacíos e inconsistencias en la información suministrada.
Esta última audiencia representó, por tanto, la ocasión final para que el excongresista justifique su continuidad en la JEP.
Según lo ordenado por la magistratura, Ashton debe esclarecer posibles acuerdos entre agentes estatales y grupos armados ilegales, así como detallar el uso de mecanismos electorales que habrían contribuido a prolongar el conflicto armado en el Atlántico y al proyecto paramilitar conocido como “refundar la patria”. De no cumplir con estas exigencias, su permanencia en la justicia transicional quedaría en entredicho, impactando directamente su situación jurídica.
/WRadio