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Gobierno pide urgencia al Congreso para tramitar ley que prohíbe el fracking
La iniciativa, respaldada por 80 congresistas y amplios sectores sociales, busca avanzar en la transición energética del país y proteger los recursos naturales.
El presidente, Gustavo Petro, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, enviaron un mensaje de urgencia al Congreso para acelerar el trámite del proyecto de ley que busca prohibir el fracking y otras prácticas no convencionales de extracción de hidrocarburos en Colombia.
La iniciativa, respaldada por 80 congresistas y amplios sectores sociales, busca avanzar en la transición energética del país y proteger los recursos naturales.
El proyecto de ley 150 de 2024 fue radicado nuevamente con mensaje de urgencia, lo que permitirá que su discusión avance con mayor rapidez en el Congreso. En su versión anterior, alcanzó el tercer debate antes de archivarse.
La ministra Muhamad señaló que la iniciativa es fundamental para reducir la extracción de combustibles fósiles y fortalecer la transición hacia energías renovables.
“Es un paso crucial para reducir la extracción de petróleo y carbón, permitiendo así aprovechar las reservas existentes en el camino hacia una transición energética justa”, afirmó.
El Gobierno ha insistido en la necesidad de frenar la expansión de la explotación petrolera y minera, priorizando el uso de reservas convencionales de hidrocarburos mientras se fortalecen alternativas energéticas sostenibles.
“Podemos trabajar con las reservas de petróleo convencional y offshore de gas que están en exploración, en lugar de invertir en prácticas contaminantes y destructoras del agua y del suelo”, explicó la ministra.
El trámite del proyecto adquiere relevancia en el marco de la COP30, que se celebrará en 2025 en Brasil, donde se evaluarán los avances en reducción de emisiones y descarbonización.
La transición energética justa es una de las prioridades del Gobierno y está alineada con las metas ambientales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La prohibición del fracking es vista por el Gobierno como un paso estratégico para cumplir los compromisos climáticos y fortalecer la protección del agua y la biodiversidad en el país.
