Corte espera que se haga el ajuste ordenado de la UPC

Mientras cumplía funciones presidenciales como ministro delegatario, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sufrió un duro revés en la batalla jurídica que enfrenta por el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el índice con el que se define lo que se debe pagar a las EPS por sus servicios.

La Corte Constitucional respondió negativamente a las dos solicitudes de aclaración que le hizo el Ministerio frente a la decisión que le ordenó reajustar la UPC para que reconozca el verdadero costo que están asumiendo las entidades promotoras de salud por la atención de los colombianos. El reajuste debería llevar a un aumento significativo en los recursos que reciben estas entidades.

La entidad desestimó la aclaración solicitada por el Ministerio pues consideró que sus argumentos «buscaban discutir el fondo del asunto, lo cual no está permitido para las solicitudes de aclaración de providencias judiciales conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional y el artículo 285 del Código General del Proceso”, según explicó en un comunicado.

Y mantuvo los plazos que ya se le habían dado al Gobierno para cumplir con el Auto 007 de 2025 que le dio dos semanas para crear una mesa de trabajo que concrete el mecanismo para reajustar la UPC, tres meses para desarrollar una herramienta que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones ordenadas por el Alto Tribunal y 48 horas para realizar el pago correspondiente al ajuste de los presupuestos máximos equivalentes a 819.000 millones de pesos.

Pero, ¿qué pasa si el ministro no cumple lo ordenado por la Corte? ¿Qué viene ahora después del pronunciamiento de la Corte hasta que la UPC sea reajustada?

Lo primero que hay que entender es que la Corte Constitucional no puede simplemente imponer que la UPC tenga un mayor valor. Esa decisión solo la puede concretar el Gobierno.

En la medida en que la Corte no es una entidad administrativa, sino judicial, lo que puede hacer es ordenar que el proceso de ajuste de la UPC se haga de acuerdo con la Constitución, que fue lo que en efecto hizo, pero no puede fijar motu propio el valor de la unidad.

En esa medida, si el Gobierno se niega a ajustar o dilata la conformación de la mesa de trabajo que le ordenó la Corte, la entidad podría imponerle sanciones al ministro o incluso compulsarle copias ante organismos de investigación penal y disciplinaria competentes, pero no podría fijar el valor de la UPC por su propia cuenta.

El ministro Jaramillo aseguró, antes de conocerse el pronunciamiento de la Corte sobre la solicitud de aclaración, que convocar la mesa de trabajo en las condiciones que se lo ordenaba el tribunal era inviable.

“Tenemos 926 IPS públicas y más de 11.000 privadas. ¿Ustedes se imaginan cómo vamos a llamar a todas esas personas para que solucionemos el problema de la UPC o estudiemos su utilidad? Necesitaríamos el estadio El Campín para cumplir y reunir a tanta gente”.

Después de conocerse el pronunciamiento de la Corte, tal vez al ministro le toque ir pidiendo prestado el estadio.