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Estudiantes y padres de familias cerraron el colegio de Palmor
Estudiantes y padres de familias cerraron la IEM, Isabel de La Trinidad del corregimiento de Palmor, Sierra Nevada en jurisdicción de Ciénaga, para exigir el nombramiento de profesores, aseadoras y el cambio del rector.
Con cadenas de hierro y candados en la puerta principal, estudiantes, con el acompañamiento de los padres de familias cerraron el colegio del corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Ciénaga, en el norte del Magdalena, para exigir el nombramiento de docentes y aseadoras.
De acuerdo con la denuncia de los estamentos mencionados, la falta de profesores, aseadoras y el cambio del rector, se constituyeron en las causas principales para que el viernes por la mañana, estudiantes y padres de familias tomaran la decisión de cerrar el plantel educativo en referencia.
Se trata de la Institución Educativa Municipal, IEM, Isabel de La Trinidad, pero que la mayoría conoce como de La Sierra Nevada, que en sus aulas alberga más de 500 estudiantes de la primaria y básica secundaria, no solo de Palmor, sino de veredas vecinas.
Los denunciantes indicaron que no se ha podido dar un día completo de clases porque faltan los docentes y desde Ciénaga, no hay un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Educación Municipal ni del despacho del alcalde de Ciénaga, Luis Fernández Quinto.
Disley Cortés, presidenta de la junta comunal de Palmor, dijo que está situación demuestra el abandono en que se encuentra este territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, una región prospera en la actividad agrícola, como el cultivo de café y demás productos de la canasta familiar.
“Nosotros no estamos de acuerdo con las vías de hecho, pero en muchos casos hay que recurrir a ellas, para que lo puedan atender, porque si no hay un pronunciamiento, no se darán los nombramientos de los docentes que faltan y el perjudicado es el estudiantado”, sostuvo la líder comunitaria.
En busca de una solución pronta, para que los estudiantes no se perjudiquen por el cese de actividades, los padres de familia se vieron obligados a acudir a los servicios jurídicos de la Fundación «Entre la fe y la esperanza», que se comprometió a salir en defensa de la población estudiantil.
