Ley de competencias

Esta semana, en el foro organizado por El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos comenzó la discusión sobre la ley de competencia. El tema es urgente y relevante. El debate durante este semestre será intenso. Es el paso siguiente, absolutamente necesario, después de aprobado el acto legislativo que modificó la participación de los municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la Nación. El porcentaje debe llegar a 39,5% en 12 años.

La tarea inicial del proceso que comienza tiene que ser la redefinición de las tipologías de los municipios y departamentos. Este es un asunto central. La categorización de los municipios que hoy existe no discrimina, ya que en la categoría 6 se agrupan 964 municipios. Esta forma de clasificar homogeniza. La nueva tipología tendría que diferenciar, y sería conveniente pensar en cuatro criterios: densidad poblacional, distancias, recursos ambientales y capacidad administrativa. La clasificación resultante permitirá diferenciar, con la ventaja adicional de que considera de manera explícita la especificidad geográfica.

Cualquier decisión sobre competencias debe tener presente, como objetivo final, la convergencia regional. Este mensaje es contundente en la Misión de Descentralización. Han pasado 50 años después de “Para Cerrar la Brecha” del plan de desarrollo de López de 1974. Es evidente que la distribución de recursos que se ha realizado teniendo referencia la población ha fracasado.

En los debates sobre la descentralización es necesario diferenciar, por un lado, a las ciudades grandes e intermedias y, por el otro, a los municipios pequeños y los departamentos. En las ciudades habría que avanzar en la discusión sobre áreas y regiones metropolitanas, y no sobre la autonomía fiscal porque ya la tienen.

Los cambios sustantivos se tienen que dar en los municipios pequeños y en los departamentos. Estos municipios deberán recibir recursos por activos ambientales. El número de habitantes no es un criterio adecuado porque la mayoría de ellos están perdiendo población. Y los departamentos sí requieren autonomía fiscal.

En la Ley de competencia se debe obligar a que se formulen proyectos regionales, que vayan más allá de los límites de cada departamento. Se requiere concurrencia de recursos entre el Sistemas General de Participaciones, las regalías, y los recursos de la Nación, los departamentos y municipios. Las regiones Centro, Eje Cafetero, Pacífico, Sur, Orinoquía y Amazonía tienen que articular las inversiones de sus departamentos. La visión regional es fundamental para avanzar hacia la convergencia. El instrumento más adecuado para lograr la concurrencia es el presupuesto por programa aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.

El balance fiscal se puede lograr bajo dos condiciones. La primera es el aumento de los ingresos propios de los municipios grandes y medios, acompañado del avance del catastro multipropósito, que permite estimular la productividad agropecuaria, y mejora los recursos fiscales de todos los municipios. Y la segunda, es mejorar la eficiencia en el manejo del gasto. A medida que se vayan ampliando las competencias, las instancias respectivas del gobierno central se tienen que ir marchitando.

Finalmente, la Ley de competencias no debe establecer porcentajes fijos. Uno de los mayores obstáculos para avanzar en la planeación en Colombia ha sido la existencia de porcentajes inamovibles inscritos en normas legales y constitucionales.

*Profesor de U. Nacional y Externado