Uribe propone una «gran política de seguridad» y acabar la JEP para el 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso este jueves la implementación de una “gran política de seguridad” para el año 2026 con el fin de fortalecer las Fuerzas Armadas y enfrentar la creciente inseguridad en Colombia, al mismo tiempo que planteó la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uribe consideró que el tribunal de paz afecta la justicia para los militares y policías involucrados en hechos ocurridos hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, señalando que la JEP ha sido un obstáculo para asegurar la imparcialidad y la protección jurídica de los uniformados.

“La JEP quiere acabar con el ejército colombiano. Nosotros tenemos que decir claramente, sin miedo y sin tapujos, que para devolverle la seguridad jurídica a nuestros soldados y policías, hay que tener un órgano distinto a la gente que con imparcialidad estudie cualquier denuncia”, sentenció el exmandatario.

Asimismo, expresó su preocupación por el debilitamiento de las Fuerzas Armadas bajo el actual Gobierno, haciendo énfasis en que la destitución de numerosos generales ha afectado gravemente la formación y el liderazgo dentro de las instituciones militares.

“Formar un general demora 30 años. Hemos perdido 1500 años de formación con los generales que este gobierno ha echado”, afirmó el expresidente, quien destacó que la falta de liderazgo está repercutiendo negativamente en la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante los crecientes retos de inseguridad.

Uribe, quien se reunió con varios generales retirados como Salazar, Asprilla, Pinto, Rojas y Zúñiga, indicó que la clave para mejorar la seguridad del país está en la unidad entre los militares en activo y los retirados.

Uribe propuso que se genere una estrategia de seguridad que englobe a todos los sectores de las Fuerzas Armadas, buscando así una respuesta conjunta para el año 2026.

“Con la ayuda de todos los generales que están en el retiro, se van a unir (…) a todas las asociaciones de retirados y unirlos con los activos para definir una gran política de seguridad”, sostuvo.

En línea con su propuesta de reformar la justicia penal para los militares, Uribe sugirió que la pena máxima para los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por delitos cometidos hasta el 2016 debería ser de cinco años.

“Propongo que se discuta eso y que le digamos a Colombia: esta es la propuesta para fortalecer las Fuerzas Armadas”, expresó Uribe, quien insistió en la necesidad de una legislación que favorezca la seguridad jurídica de los militares y que les permita desempeñar sus funciones con mayor confianza.

Finalmente, Uribe concluyó que el año 2026 debe ser un punto de inflexión para la seguridad en Colombia, con una nueva administración que implemente una política integral de seguridad que abarque no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la Policía y otros sectores del Estado.

Según el exmandatario, la seguridad de los ciudadanos y el futuro del país dependen de un enfoque conjunto que no solo recupere la capacidad operativa del Ejército, sino que también garantice la estabilidad jurídica de los uniformados y el fortalecimiento de las instituciones.

/Colprensa