El abogado Jaime Granados, esta vez en la audiencia de juicio contra Álvaro Uribe, presentó una recusación en contra de la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, alegando falta de imparcialidad. El recurso se suma a varios que ha presentado en las últimas semanas, los cuales han sido negados en su totalidad, y que según la bancada de víctimas hace parte de una estrategia para lograr la prescripción de la investigación. El recurso fue presentado luego de la intervención del expresidente Álvaro Uribe, quien durante cerca de dos horas se defendió de las acusaciones en su contra aprovechando un espacio que era para exponer la teoría del caso. En su intervención y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, dijo que no sobornó ni mandó a sobornar testigos. “No engañé a la justicia, en este juicio probaremos que hubo un juicio político en mi contra”, dijo. El proceso comenzó en 2018, con una denuncia que la Corte Suprema recibió contra Cepeda, luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda. Cepeda reveló testimonios de ex paramilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia, por lo que Uribe lo denunció. En medio de esa investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe. A partir de ahí, el caso no ha avanzado como se esperaba. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detenerlo de manera preventiva en su residencia. El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía. Contrario al alto tribunal, la Fiscalía al mando de Francisco Barbosa, intentó cerrar el caso en varias oportunidades, pero la judicatura no le dio la razón. Inició el juicio, y bajo los mismo argumentos con los que fracasó, el abogado de Uribe, Jaime Granados aseguró antes de la intervención de Uribe que demostrará que es inocente. Dijo que va a develar que Juan Guillermo Monsalve está mintiendo. Aseguró también, que no hay pruebas que demuestren que el expresidente presionó testigos, a través del abogado Diego Cadena. En ese contexto, se refirió a una de las pruebas principales del caso. En febrero de 2018, el abogado Cadena visitó a Monsalve en La Picota y, al parecer, le pidió que se retractara a cambio de recursos jurídicos. Al menos eso se desprende de una grabación del encuentro que hizo Monsalve con un reloj grabador. Sin embargo, según aseguró el abogado, esa grabación fue editada, manipulada. "probaremos cómo ese contenido de la grabación editada no refleja la ocurrencia de un delito", advirtió. A la audiencia asiste de manera presencial el expresidente, mientras que a las afueras del complejo hubo personas que se reunieron para manifestarle su solidaridad y respaldo. Horas antes de iniciarse la audiencia, las víctimas del caso anunciaron que solicitarán observación internacional con el objetivo de que se asegure el cumplimiento de la justicia, pero que además se respete a los jueces y magistrados que han intervenido a lo largo del proceso. “La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, y a organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente, para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respecto por los jueces y magistrados que la imparten”, señaló el comunicado, divulgado por el senador Iván Cepeda. Entre los argumentos de la solicitud está que Uribe y su círculo político más cercano han emprendido, de tiempo atrás, una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso.