Protesta y vandalismo

El caso de la afamada influenser conocida como Epa Colombia, permite hacer un juicioso análisis a lo que constituye el alcance y límites de lo que es la protesta social.

Después de un proceso judicial que ha durado seis años, en donde intervino primero el juzgado respectivo, después el Tribunal Superior de Bogotá y finalmente la Corte Suprema de Justicia, fue la oportunidad para que se hiciera un examen exhaustivo, abarcando todas las instancias judiciales, sobre los alcances de un fenómeno que ha sido cada vez más frecuente en Colombia, y que despierta enormes preocupaciones en la ciudadanía, que contempla impotente la forma como una protesta social, aparentemente legítima, dentro de los cánones constitucionales, degenera en agresión, destrucción de bienes públicos y privados, y en la comisión de delitos contra las personas que resultan ser las víctimas por agresiones físicas e incluso por muerte.

La protesta debe ser sin duda un derecho que debe tener todo ciudadano y así lo contemplan todos los Estados democráticos del mundo, pero la civilización y la guarda de los derechos colectivos, también debe tener una garantía, si es que la ley se deriva de un instrumento de protección para todas las personas.

Por estas razones, la sentencia condenatoria de la Corte Suprema, en contra de la reconocida comunicadora y agitadora, se convierte en un precedente sobre la forma en que las autoridades deben actuar frente a esta clase de fenómenos, y más si sus p8rotagonistas son reconocidas personas con una influencia en la opinión pública, que exige reflexión, sindéresis y ejemplar comportamiento.

La conducta de esta influenser, lo ha dicho con toda claridad al máximo Tribunal “actúa por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que su actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que, por el contrario, fue violento y destructivo… tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo”.

El no haber actuado con acierto y determinación frente a los excesos de la protesta, el país llegó a extremos en donde hubo demasiadas cosas que lamentar. No podemos olvidar que, en el caso del sector educativo, este tipo de actos se volvieron pan de cada día, en donde junto a los estudiantes, aparecen encapuchados, personas extrañas al sector arropados en el desorden, para actuar con vandalismo y llegar a acciones criminales, en donde atacan los sistemas de trasporte, la infraestructura que se encuentre a su paso y atentan contra uniformados y civiles con lamentables consecuencias que la inmensa mayoría de ciudadanos tienen que lamentar.

Ojalá esta sentencia permita hacer un análisis juicioso a las autoridades, para entender el verdadero ámbito de la protesta social y la responsabilidad que tienen sus protagonistas.

*Abogado