La JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 ex integrantes de Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos miembros de las extintas Farc-EP, señalados de participar en graves hechos que afectaron a comunidades del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Esta medida surge del Caso 05, uno de los procesos con mayor número de víctimas acreditadas: más de 200.000 personas y 138 organizaciones.

En una declaración oficial, la JEP confirmó que, entre los acusados, figura un exintegrante del secretariado y antiguos mandos pertenecientes al Bloque Occidental, el Bloque Móvil Arturo Ruíz, el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez.

“Los hoy comparecientes son señalados como máximos responsables de conductas que causaron un grave impacto en diversas comunidades de la región”, indicó la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Esta imputación constituye el segundo acto formal dentro del Caso 05, que investiga la situación territorial de la zona y ha involucrado a más de 200.000 víctimas acreditadas, así como a organizaciones étnicas y campesinas. Quienes han sido llamados a responder tienen 30 días hábiles, a partir de la notificación, para manifestar si aceptan las imputaciones o las rechazan.

Para llegar a esta determinación, la Sala de Reconocimiento contrastó numerosas versiones colectivas, informes de la Fiscalía General de la Nación, documentos de la Defensoría del Pueblo y 130 observaciones de víctimas y la Procuraduría. Además, se realizaron audiencias conjuntas con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana, donde participaron 31 comparecientes con pertenencia étnica.

El análisis evidenció nueve patrones macrocriminales, entre ellos ataques directos a la población civil, reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonal que obstaculizaron la vida cotidiana en resguardos indígenas y territorios afrodescendientes.

De igual forma, se documentaron daños al medio ambiente y a la cultura de estas comunidades, calificados como “otros actos inhumanos” en el marco de los crímenes de lesa humanidad.

Las afectaciones no se limitaron al plano individual. Organizaciones indígenas y afrodescendientes expusieron ante la JEP cómo las dinámicas de la confrontación generaron desplazamientos masivos, pérdida de liderazgo en cabildos y consejos comunitarios, y restricciones a la movilidad que acabaron con la producción agrícola y la caza de subsistencia.

“Todas estas situaciones perjudicaron de forma grave los territorios ancestrales, la autonomía y el ejercicio de la justicia propia”, señalaron las víctimas en una de las audiencias. La Sala resaltó que se han emprendido acciones restaurativas para reparar estos tejidos sociales, con apoyo de instituciones como el Ministerio de Justicia, la Unidad para las Víctimas y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

Una vez surtida la notificación del auto, las partes tendrán 30 días de plazo para pronunciarse. Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, se programará una Audiencia de Reconocimiento ante la misma sala. Tras ello, se emitirá una Resolución de Conclusiones y el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de la JEP, que definirá las sanciones y trabajos restaurativos.

En caso contrario, si hay negativa de aceptación, la causa será remitida a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para abrir una ruta procesal de juzgamiento.

/WRadio