Informalidad y exclusión

Estos son los dos factores que caracterizan el crédito en Colombia, lo que hace que se presenten enormes desequilibrios que afectan el bolsillo de los colombianos y el crecimiento económico de los sectores mas desprotegidos.

Los datos revelados por Anif, señalan que el 60% de las personas no pueden acceder a un crédito formal, lo que significa que, ante la necesidad, tienen que colocarse en manos de otras alternativas, entre ellas los usureros, que según el mismo estudio llegan a cobrar hasta el 380% más que las entidades crediticias autorizadas en el mercado financiero.

Muchos factores concurren en este irregular fenómeno, como la falta de cultura financiera, las altas exigencias de la banca formal y la carencia de garantías para respaldar las deudas.

Y todo ese desorden en el costo del crédito, comienza con la fijación de la tasa de usura por el Banco de la República, que está ya cercana al 25%, colocando una muy alta medida, para que se desborden las tasas en los diferentes sistemas del mercado. Pero sigue con la falta de control en todos aquellos abusadores del crédito, que se valen de sus necesitadas víctimas para fijar unas tasas que nadie controla, tales como las casas de empeño que promedian el 34,6%, las denominadas cadenas, que llegan al 48,1% y los proveedores comerciales que alcanzan el 34,7%.

Una economía en donde se permiten estos abusos en esas proporciones, va a encontrar muchos obstáculos para poder crecer y, por otro lado, significa la desprotección para un gran número de personas que, ante los abusos, se ven abocados a perder sus bienes y a quedar en la absoluta quiebra, arriesgando de paso el bienestar y futuro de sus familias.

A este delicado tema hay que meterle mano urgente. Se requiere un cuerpo de acción muy experimentado, que esté en capacidad de atender las quejas y de actuar sobre las mismas. En la medida en que no haya acción contundente, el flagelo continuará creciendo y la injusticia social se incrementará de manera dramática y lamentable.

Y, por otro lado, las autoridades económicas deben trabajar de manera consolidada para ampliar las facilidades del crédito, para fortalecer la información sobre las alternativas que puedan existir para los más débiles, y pensar en toda clase de facilidades, en donde sea posible también impartir educación masiva sobre la adquisición de recursos en favorables condiciones, sin poner en riesgo su patrimonio y su futuro.

Cuando el mercado esté en capacidad de ofrecer alternativas justas, los primeros beneficiarios van a ser todos aquellos microempresarios, que quieren desarrollar emprendimientos, pero que no pueden acceder a recursos para alcanzar sus loables propósitos.

*Abogado