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Defensoría emite alerta para siete departamentos por riesgos ante la disputa entre ‘Mordisco’ y ‘Calarcá

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, sector de Piamonte. Se advierte sobre riesgos de carácter extremos y altos para la población civil por la confrontación armada entre grupos disidentes de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’.

Recordemos que los bloques y frentes que lidera alias ‘Calarcá’ están actualmente en proceso de paz con el Gobierno y mantienen un cese al fuego vigente hasta el 15 de abril con opción de prórroga, según evaluación que hagan las partes.

Los principales riesgos detectados

Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del sur occidente del país.

Confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales.

Desplazamiento forzado.

Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios.

Contaminación del territorio por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

Afectaciones al acceso humanitario.

Riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias y/o participan del sometimiento a la justicia.

La no gestión digna de cadáveres.

Las recomendaciones al Estado colombiano
A la Presidencia y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz: Garantizar un enfoque integral en la Mesa de Diálogos de Paz, priorizando las garantías de no repetición y el respeto al Derecho Internacional Humanitario en los acuerdos.

Al Ministerio del Interior: Fortalecer las capacidades locales de prevención, priorizando medidas inmediatas de protección colectiva para comunidades en riesgo.

A la Fuerza Pública: Diseñar estrategias de seguridad con enfoque de derechos humanos, evitando estigmatización y protegiendo a las comunidades en el marco del DIH.

A la Unidad para las Víctimas: Brindar atención urgente y diferenciada a las personas desplazadas y confinadas.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Implementar medidas de prevención para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas.

Procuraduría: Acompañar los territorios en riesgo mediante acciones de veeduría activa o garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Y a las entidades Territoriales: Articularse con las autoridades nacionales para implementar mecanismos de protección temprana en los municipios focalizados.

La Defensoría del Pueblo busca proteger a la población civil y le exige al Gobierno tomar en serio estas alertas para que los riesgos advertidos no se materialicen. Esta entidad continuará en monitoreo permanente para garantizar la protección de las comunidades y el cumplimiento de los derechos fundamentales en los territorios afectados.

/CaracolRadio

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