Después del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó a través de medidas cautelares que la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg derogara el régimen tarifario especial para rebajar las tarifas eléctricas más altas de Colombia, el Gobierno Nacional no ha cumplido la decisión judicial que fue una respuesta a la Acción Popular de los Personeros Distritales de Barranquilla y Santa Marta. Aunque la Comisión de Regulación ha informado que tiene unos proyectos de resoluciones para cumplir la orden del alto Tribunal, hasta el momento no han sido expedidos, por lo que se siguen cobrando los fraudes, hurtos, inversiones futuras anticipadas y la sobretasa del 20% en la comercialización, y así, las altas tarifas eléctricas en la Costa siguen lesionando severamente a millones de usuarios. Asimismo, de acuerdo con la Liga de Usuarios, la Creg ha dado a conocer un proyecto de resolución para ponerle límite del 5 por ciento a la exposición en bolsa de las comercializadoras en el mercado mayorista de la energía, límite que ha fluctuado entre el 15 y 20 por ciento en los últimos años. Sin embargo, según los cálculos de expertos si se diera esta reducción de la exposición en bolsa, surtiendo los requisitos regulatorios respectivos, la rebaja tarifaria no sería significativa, ya que el problema tarifario no es solo de la generación sino de carácter estructural y está relacionado con todos los eslabones de la cadena eléctrica, con la aplicación de la Ley 142 de 1994 y su modelo neoliberal de máxima rentabilidad aplicando la "suficiencia financiera". Por lo tanto, la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe le exige al Gobierno Nacional derogar el régimen especial tarifario contra los usuarios como lo ordenó el Tribunal Administrativo del Atlántico, con lo cual se podría tener un kilovatio hora de alrededor de $750 y no cercano a los mil pesos como está hoy. “Ninguna promesa oficial de rebaja de tarifas y pago de opción tarifaria se ha cumplido. Por lo tanto, no participaremos en ninguna movilización que no sea organizada exclusivamente por organizaciones de usuarios para mantener nuestra independencia y autonomía de cualquier gobierno y, además, que tenga como objetivo bajar las tarifas en forma significativa que se respete el debido proceso en las reclamaciones de los usuarios que siguen la promesa de Air-e sistemáticamente”, indicaron desde la Liga Nacional de Usuarios de la Costa Caribe.

DURA ADVERTENCIA

De acuerdo con los principales gremios del sector energético, entre ellos Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables (SerColombia), En un comunicado conjunto, estas organizaciones advirtieron que los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes son los principales beneficiarios de los subsidios, serían los más perjudicados si el Gobierno no garantiza los pagos pendientes a las empresas del sector. Uno de los puntos más críticos señalados por los gremios es el impacto que tendría el desmonte de los subsidios en las tarifas de los usuarios. Según las proyecciones, de no garantizarse los pagos estatales, las facturas de energía podrían aumentar hasta un 150%. Este incremento sería un golpe devastador para los hogares más vulnerables, que dependen de estas ayudas para acceder a servicios básicos. Según información revelada por El Colombiano, las empresas del sector desembolsaron unos 2,7 billones de pesos en subsidios de energía eléctrica durante 2024, sin recibir la compensación correspondiente del Gobierno y, en el caso del gas natural, la deuda asciende a 628.000 millones de pesos. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que el pago de los subsidios no es una concesión del Gobierno, sino una obligación respaldada por la Constitución y diversas leyes, como las leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 847 de 2001 y 201 de 2004. Estas normativas establecen las bases para la aplicación y financiamiento de los subsidios, que históricamente han sido cubiertos por los gobiernos de turno. Sin embargo, los gremios han expresado su preocupación por el desfinanciamiento de estas ayudas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.