La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves la creciente presencia en el país de grupos armados ilegales, el incremento de sus acciones violentas contra las comunidades y puso en entredicho los logros de la "paz total" del presidente, Gustavo Petro, en el marco de su informe anual. "Los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en todo el país. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados", señaló HRW. Sostuvo para junio, el Clan del Golfo estaba presente en 392 municipios, el ELN en 232, las disidencias de las extintas FARC, en 299, lo que representó un aumento del 55% para el primero, del 23% para el segundo y del 30% para el tercero, en comparación con datos de 2022. Para la oenegé ubicada en Washington, la estrategia de "Paz total" del Gobierno "ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil". Sostuvo que aunque el acuerdo de paz firmado en 2016 creó expectativas de cambio, la violencia ha adoptado nuevas formas. A pesar de la estrategia de "paz total" implementada por el presidente Gustavo Petro, los abusos de los grupos armados no han cesado. El informe destacó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos disidentes de las FARC y el Clan del Golfo continúan expandiendo su presencia en diversas zonas del país, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. El aumento de la violencia llevó a que en el primer semestre de 2024 más de 71.000 personas de regiones como Chocó, Cauca y Nariño se vieran afectadas por el "confinamiento", debido a las amenazas de grupos armados y la presencia de minas antipersona. Además, el reclutamiento de menores de edad, en su mayoría de comunidades indígenas, ha alcanzado cifras alarmantes, con 159 casos registrados en el primer semestre de 2024. El Gobierno ha seguido negociando con los grupos armados para tratar de mitigar la violencia, pero la implementación de ceses al fuego ha sido insuficiente. El informe reveló que la falta de supervisión efectiva y el incumplimiento por parte de los grupos armados han socavado los avances en este sentido. La pobreza sigue siendo otro de los principales problemas que afectan a las comunidades más vulnerables, con un 23,7% de pobreza multidimensional en las zonas más afectadas por el conflicto, casi el doble de la tasa nacional, en 2023. Human Rights Watch subrayó la falta de rendición de cuentas por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la violencia contra defensores de derechos humanos. En ese sentido, sostuvo que en 2024 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 138 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, una cifra similar a la del año anterior. El informe reafirmó que a pesar de los esfuerzos gubernamentales e internacionales la violencia de grupos armados y la implementación parcial del acuerdo de paz siguen afectando a las comunidades vulnerables, dejando a Colombia frente a grandes desafíos para consolidar una paz duradera y proteger los derechos humanos. /ColPrensa