La Superintendencia de Servicios Públicos profirió ayer una resolución en la que estableció la modalidad de toma de posesión de la empresa Air-E con fines liquidatorios, incluyendo una etapa de administración temporal que dé la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho. La decisión, según la entidad, se adoptó luego del análisis del “Informe Diagnóstico de Gestión” remitido por el agente especial de AIR-E (intervenida), que muestra la compleja condición financiera y operativa de la empresa. Del análisis del componente financiero, tal como lo indicó la Superservicios, se concluye que Air-e presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes. "De la misma forma, existen importantes deficiencias de infraestructura que afectan la calidad y continuidad del servicio", comunicó la Superservicios. En consecuencia, la decisión se fundamenta en que dicha modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, esto con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios en el área de operación de la empresa.   Adicionalmente, según expuso la entidad, esta modalidad de intervención permite abrir un espacio de administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía. ´Con la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho, y desde la Superservicios se adelantarán las medidas necesarias para que Air-E pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley", puntualizó la Superintendencia. La intervención de Air-e, por parte del Gobierno, se había materializado en septiembre de 2024 y para ese momento la empresa aseguró que los altos costos de la generación y la volatilidad en la Bolsa de Energía le dieron la estocada final a las finanzas de la compañía. Tras el informe entregado por el agente interventor, en el que se señala la complejidad financiera, la junta directiva manifestó mediante una carta que hay "múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada" sobre los problemas estructurales de la compañía. El máximo órgano de gobierno corporativo sostuvo que se cumplió con 90% de indicadores, no disminuyó la calidad del servicio y añadieron que la empresa alcanzó un Ebitda positivo a finales de 2022. También, agregaron que no se está reconociendo el cobro de $5 billones a usuarios y entes oficiales, afirmando que "es responsabilidad del interventor gestionar esos cobros". También, señalaron que la Superservicios ha hecho seguimiento a la entidad, detallando que en mayo de 2024, el ente de control hizo una visita "integral", en la cual no se registraron hallazgos "significativos", afirmaron en el comunicado de prensa. Con la resolución de la Superintendencia, la compañía (que asumió la prestación del servicio en una parte de la costa caribe desde 2020) llegaría a su fin y seguiría los pasos de Electricaribe, su antecesora, que era de capital español y tampoco pudo alcanzar la sostenibilidad en un mercado que los expertos han definido como altamente complejo por las inversiones que se necesitan en infraestructura y las altas pérdidas no técnicas, asociadas conexiones ilegales, que dificultan la amortización de las inversiones. /Colprensa