Los accionistas de Air-e refutaron el informe presentado por el agente interventor, Edwin Palma, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), señalando que contiene múltiples imprecisiones y datos erróneos. Los propietarios argumentaron que el informe carece de un análisis de las causas estructurales de la crisis de la compañía y subrayaron que dichas circunstancias no son atribuibles a su administración. Entre los puntos destacados, los accionistas recalcaron que la SSPD realizó visitas trimestrales durante la gestión previa, evaluando más de 50 indicadores con un promedio de cumplimiento del 91%. Además, negaron deterioros en la calidad del servicio y aseguraron que los indicadores de calidad alcanzaron niveles exigidos para 2030 ya en 2023. También desmintieron las afirmaciones sobre racionamientos catalogados como mantenimientos, al sostener que estas acciones estaban amparadas legalmente y eran notificadas previamente a las comunidades. Asimismo, rechazaron las acusaciones de incumplimiento en el plan de inversiones, recordando que en mayo de 2024 la SSPD realizó una visita integral sin hallar irregularidades. En cuanto a las finanzas, señalaron que si bien las deudas alcanzan $1,9 billones, solo el 22% de los pasivos estaba vencido al momento de la intervención. También enfatizaron que la empresa tiene más de $5 billones por cobrar a usuarios y entidades oficiales, y que es responsabilidad del interventor gestionar dichos recursos. La intervención de Air-e fue solicitada por la propia empresa el 30 de agosto de 2024, tras cambios externos que afectaron su viabilidad financiera, pese a haber revertido pérdidas iniciales de $60.000 millones mensuales y lograr un EBITDA positivo en el cuarto trimestre de 2022. “La compañía continuará trabajando para esclarecer las inconsistencias presentadas en el informe y garantizar la verdad ante las instancias competentes”, concluyeron los accionistas. /Colprensa