En un caso que ha generado conmoción en el departamento de Putumayo, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a dos integrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en el homicidio del soldado regular Alexander Orozco Zambrano y la detención ilegal del líder indígena Luis Evelio Rodríguez Arigatoque. Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2024 en el corregimiento La Tagua, en el municipio de Puerto Leguízamo. El soldado Orozco Zambrano era buscado desde el 26 de febrero, cuando presuntamente disparó su fusil de dotación y causó la muerte a tres de sus compañeros del Batallón de Selva 49. Según las investigaciones, unidades de la Policía Nacional lo localizaron remando en una canoa por el río Caquetá al día siguiente. En ese momento, el patrullero Darwin Emilio Arcos Martínez habría accionado su arma de fuego contra el militar, causándole heridas de gravedad. Orozco Zambrano, quien se encontraba en estado de indefensión y no representaba una amenaza directa, murió dos días después en un hospital de Florencia, Caquetá. Las evidencias recolectadas señalan un posible uso excesivo de la fuerza en la reacción del patrullero, lo que llevó a la Fiscalía a imputarle el delito de homicidio agravado.

Detención del líder indígena y desaparición de dinero

En un hecho relacionado, el subintendente William Armando Mendoza Chilama, subcomandante de la estación de policía de La Tagua, ordenó la detención de Luis Evelio Rodríguez Arigatoque, líder indígena de la comunidad, quien presenció el traslado del soldado herido. Durante el procedimiento, a Rodríguez Arigatoque le fueron incautados 27 millones de pesos que llevaba en un maletín, destinados al pago de trabajadores de un proyecto social. La detención del líder se justificó alegando que este habría ayudado al soldado Orozco Zambrano a escapar tras el homicidio de sus compañeros, pero las investigaciones revelaron que no existía evidencia que respaldara dicho señalamiento. Rodríguez Arigatoque fue dejado en libertad poco después, aunque el dinero incautado no fue reportado ni entregado a la Fiscalía, y su paradero actual es desconocido.

Imputaciones y proceso judicial

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos uniformados los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, y hurto calificado y agravado. Durante las audiencias ante un juez de control de garantías, ninguno de los imputados aceptó los cargos. La Fiscalía destacó que los hechos no solo evidencian un posible abuso de autoridad, sino también serias irregularidades en la actuación policial, desde el uso desproporcionado de la fuerza contra el soldado hasta la desaparición de los recursos económicos incautados al líder indígena. /WRadio