La implementación de la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que busca proteger los derechos fundamentales de los niños Wayúu en La Guajira, enfrenta una grave crisis debido al incumplimiento de pagos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según estudios de seguimiento realizados por la Gobernación de La Guajira, en lo corrido de este mes se han presentado 28 paros con cierres de vías nacionales, es decir, casi uno diario. De enero a agosto, la cifra ascendió a 178 paros; dichos paros se deben a la falta de pago del ICBF a sus funcionarios. La W consultó con Misael Velázquez, secretario de Gobierno de La Guajira, acerca de los paros por la falta de pago a funcionarios del ICBF: “los paros y bloqueos afectan de manera grave la economía del departamento por cuanto se interrumpe la movilidad turística y el transporte de carga y alimentos. Así mismo se afecta la atención en salud y las emergencias de los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Maicao”. Y puntualizó que “la distribución de agua es una afectación directa contra la población Wayúu y en particular para los niños y niñas. El tren del agua no pasa cuando se bloquea la línea férrea”. Velásquez también sostuvo que la directora del ICBF ha señalado que la falta de pago por parte del Ministerio de Hacienda a la Consejería para las Regiones ha ocasionado que no se efectúe el pago a “las asociaciones, organizaciones y operadores que están contratados con la entidad”. Por lo que la principal causa de estas manifestaciones es la falta de pagos a dichos operadores, proveedores, madres comunitarias y manipuladoras de alimentos del ICBF, desde el mes de septiembre. La situación guarda similitudes con el escándalo de las “ollas comunitarias” de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pues la raíz del problema también es de carácter financiero: el Ministerio de Hacienda no ha realizado el giro del Pago Anual de Caja (PAC) al ICBF, posterior a otros proyectos que ya se habían finiquitado. Este desorden financiero se agrava con la inestabilidad en la dirección regional del ICBF en La Guajira, que ha tenido cuatro cambios de director en lo que va del año y actualmente. A esta situación se suman las recientes alertas emitidas por la Corte Constitucional, que, en los últimos días, exigió a la Alta Consejería para las Regiones adoptar medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-302 en un plazo de tres meses. Sin embargo, ante la falta de recursos disponibles en el ICBF, dicha exigencia resulta improbable de cumplir. En medio de esta crisis, la visita reciente de la directora nacional del ICBF Astrid Cáceres, a La Guajira ha estado marcada por la controversia relacionada con un contrato de 15.000 millones de pesos destinado a garantizar los primeros 1.000 días de los niños Wayúu. Estos recursos fueron trasladados y ejecutados por dos entidades intervenidas, lo que generó dudas sobre su manejo y transparencia. La crisis no solo afecta el cumplimiento de los derechos fundamentales en la región, sino también su desarrollo económico. Los continuos paros y bloqueos han sido señalados como uno de los factores que llevaron a Petrobras a descartar a Riohacha como centro de operaciones para la explotación del campo gasífero Sirus 2, lo que representa una pérdida significativa para la región. Por lo que, queda en evidencia una falta de coordinación entre el Ministerio de Hacienda, el ICBF, la Alta Consejería para las Regiones y demás entidades involucradas pone en riesgo la vida y el bienestar de miles de niños Wayúu. /Wradio