El Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) es una herramienta desarrollada por la Banca Multilateral, cuya primera versión (SECOP I) fue implementada en 2013 y su segunda versión (SECOP II) en 2015. Su propósito principal es cumplir con las políticas de la OCDE en materia de datos abiertos, promoviendo la transparencia en la contratación del Estado colombiano. El SECOP permite que cualquier ciudadano, órgano de control, medio de comunicación o autoridad judicial acceda a la trazabilidad de los contratos estatales, facilitando así el seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. No fue coincidencia que, en el año 2020, la prestigiosa revista The Economist publicara un artículo elogiando el trabajo de Colombia Compra Eficiente con el SECOP. Dicho reconocimiento legitimó al sistema como una indiscutible bandera de la buena gobernanza en materia de contratación pública. Un ejemplo claro de su impacto es el volumen de transacciones realizadas a través del SECOP II: en 2019, se registraron aproximadamente 27 billones de pesos, mientras que en 2021 la cifra ascendió a 104 billones de pesos. Este incremento permitió que los colombianos tuvieran acceso a información detallada sobre cómo las entidades estatales utilizaban los recursos públicos y cuáles contratos respetaban o no el principio de legalidad en las etapas de planeación, ejecución y liquidación contractual. Los principales escándalos de corrupción del país se han identificado a través de este sistema. Sin embargo, y a pesar de las múltiples mejoras que aún se necesitan para nacionalizarlo y convertirlo en una herramienta más accesible para todos los ciudadanos, resulta alarmante que el gobierno del presidente Petro pretenda desmantelar el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Esta decisión podría dejar a los colombianos sin acceso a información clave sobre cómo el ejecutivo nacional y las entidades territoriales planean gastar más de 170 billones de pesos al año, una suma que equivale a aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Es cierto que esta herramienta necesita mejoras para hacerla más accesible y amigable para los ciudadanos, pero una cosa es optimizar lo que ya existe y otra muy distinta es destruir todo lo construido hasta ahora. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cuánto costaría desarrollar y montar una nueva plataforma desde cero? Descartar años de trabajo, inversión y resultados comprobados no solo pone en riesgo la transparencia en la gestión de los recursos públicos, sino que también implica un alto costo económico y operativo para el país. ¿Por qué este gobierno parece decidido a desmantelar lo que funciona en lugar de mejorarlo? Más importante aún, ¿cuánto le costará a los ciudadanos este retroceso? Si el SECOP desaparece, los colombianos perderán una herramienta esencial para supervisar el manejo de más de 170 billones de pesos anuales, una cifra que equivale al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Lo cierto es que, como ya se ha vuelto costumbre en este gobierno, todo lo que funciona lo destruyen. Y en este caso, los únicos que celebrarán serán los corruptos, que harán fiesta con nuestros impuestos, mientras los ciudadanos vemos cómo se pierden mecanismos clave para garantizar la transparencia en la gestión pública. Adenda: La Fundación Batuta, admirada por transformar la vida de casi 19,000 niños y jóvenes vulnerables a través de la música, está en riesgo. Por falta de financiación del gobierno, su programa “Sonidos de Esperanza” podría desaparecer, afectando 136 Centros Musicales en 86 municipios del país. Es inconcebible que el Ministerio de Cultura permita el fin de un proyecto que ha llevado música y esperanza a tantas comunidades vulnerables. ¡Qué capacidad la de este gobierno de destruir todo lo que funciona! *Exdirectora del ICBF