A pocos días de finalizar un año con bastantes problemas y cuestionamientos para el presidente, Gustavo Petro, el 2025 lo recibe con una decisión que podría dejar serias consecuencias para el país: la posesión de Nicolas Maduro en Venezuela.

Desde que a la Casa de Nariño llegó la invitación de Maduro para que el Presidente de Colombia asista a su posesión el próximo 10 de enero para dar inicio al periodo 2025-2031, el Gobierno no ha tenido un solo minuto de calma frente a esta decisión, en un ambiente de división que crea además un entorno poco saludable.

“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy”, expresó enfáticamente el Presidente en un discurso el pasado jueves 12 de diciembre en Barranquilla, justo después de que en la Cámara de Representantes aprobará una proposición que pedía al mandatario a no asistir a la posesión de Nicolás Maduro en Caracas.

Incluso, es de tal calibre la decisión que debe tomar, que el mismo Petro calificó esto como un "problema".

“El problema del 10 de enero lo resolveremos el 10 de enero”, afirmó. Sumado a que el canciller, Luis Gilberto Murillo, y el vicecanciller, Jorge Rojas, cabezas principales en materia de política exterior se han deslindado por completo del tema y han señalado que la decisión es total y completamente del Jefe de Estado.

Es por esto que la presión de la oposición, del sectores del país, de la comunidad internacional que insiste en el fraude electoral y la violación de derechos humanos, sumado a la dependencia que ambos países comparten por sus relaciones y sus fronteras, hacen de esta determinación de asistir o no como una total encrucijada del Presidente, que está condenado a perder con cara y peder con sello, independiente de la decisión que tome.

IMPLICACIÓNES DE NO ASISTIR A LA POSESIÓN

Colprensa consultó a dos analistas que tienen un amplio conocimiento de Colombia y la situación con Venezuela, los dos comparten la idea de que sea cuál sea la decisión de asistir o no a esta posesión, el país y hasta el mismo Petro tendrían consecuencias importantes.

No asistir a este evento programado para el próximo 10 de enero en Venezuela sin duda que es la voz que más resuena en varios sectores de la política colombiana y del exterior. Sin embargo, como lo señala Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la cercanía entre los dos países por compartir fronteras y hasta beneficios mutuos traería consecuencias en caso de declinar la invitación.

“En el caso colombiano, a diferencia de otros Estados, Colombia tienen una mayor interdependencia con Venezuela, y si bien otros Estados e incluso otros gobiernos de izquierda democrática pueden tener una posición mucho más vehemente como el caso Chile; Colombia tiene muchísimas más complejidades, sobre todo por la estrategia de autoaislamiento que han ido implementando el régimen de Nicolás Maduro”, argumentó el analista.

Rodríguez se refiere a lo sucedido en 2019, cuando Venezuela rompió relaciones con Colombia, que incluyó también la ruptura de relaciones consulares, se obligó a que se fueran del país todo el personal diplomático y se generó una crisis económica, social y migratoria en los departamentos fronterizos.

“Por los 2.219 kilómetros de frontera y la población, que son aproximadamente 6.000.000 de personas que viven de lado y lado de la frontera (siete departamentos colombianos y los cuatro estados venezolanos) lo que causó fue complejizar la vida de los ciudadanos de esta área. Muy seguramente si no se llega a reconocer a Nicolás Maduro, procederá con esa dinámica de autoaislamiento; romperá relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y generará cierre de frontera”, conjeturó Rodríguez.

Otra de las consecuencias que estarían sobre la mesa en caso de no asistir a la posesión de Maduro y de paso no reconocerlo como Presidente tiene que ver con las consecuencias que traería al proycto de "Paz total" del gobierno, en particular el proceso que lleva con el ELN y con la Segunda Marquetalia, grupos que tienen presencia en ambos países.

Rodríguez advirtió que es una situación compleja teniendo en cuenta que estos grupos armados son binacionales y "de nada sirve desmontar al ELN en Colombia si no se desmonta en Venezuela. El presidente Petro, que le ha posado tanto a la paz total, siente que sin el apoyo venezolano no se podía mantener, no se podría materializar”, agregó.

“Ir o no a la toma de posición en este momento de Nicolás Maduro no es como ir a cualquier toma de posesión de cualquier mandatario, porque asistir marcaría a esos gobiernos que asistan con un talante no democrático, se les cuestionaría mucho la calidad democrática de quienes dirigen esos países y les costaría muy caro internacionalmente frente al posicionamiento internacional”, advirtió por su parte Nastassja Rojas, consultora en derechos y migración y profesora de política de la Universidad Javeriana.

Rojas señaló que asistir tendría para el presidente Petro un costo político internacional muy alto, puesto que además de perder la credibilidad internacional, "también están en juego los intereses propios de Gustavo Petro y los intereses también de Colombia en temas migratorios, temas económicos y comerciales”.

Agregó que "el régimen va a ser muy tajante en quienes no asistan y no se tomen esa foto pública al lado de Nicolás Maduro, pues claramente ya no son sus aliados y el régimen en estos momentos está en la lógica de que quien no es su aliado, es su enemigo”.

¿Y SI ASISTE QUÉ CONSECUENCIAS TIENE?

La otra cara de la moneda en esta encrucijada tiene que ver con la decisión de asistir o mandar un delegado para evitar un rompimiento en las relaciones con Venezuela.

Para Ronald Rodríguez, el costo político a nivel internacional y también nacional es la variable que más pesa para el Presidente en ese sentido, puesto que no solo sería un argumento más a favor de la oposición y hasta de la misma ciudadanía que rechaza el régimen de Maduro.

Las últimas encuestas realizadas por Cifras y Conceptos dan como resultado que el 90% de los colombianos no reconoce el régimen de Maduro, sumado a que el 81% de las personas que pedían no reconocer a Maduro, se consideraron de izquierda en la encuesta.

“Ese costo político sería muy alto para el Presidente, para el Gobierno que afecta sus credenciales democráticas. La situación es bastante compleja y de esto se van a coger sectores de la oposición; de ello van a tomar posición actores políticos para decir que el presidente Petro se está acercando o que tiene simpatías con el régimen venezolano”, señaló Rodríguez.

Incluso aseguró que en la búsqueda de consensos de Colombia con México y Brasil en favor de Venezuela, estos dos países dejaron de apoyar la propuesta del grupo denominado G3 por las consecuencias en sus países de apoyar al régimen de Maduro.

Rojas advirtió que además de los altos costos políticos para el presidente, también quedaría en tela de juicio internacionalmente, puesto que actuaría en contradicción frente a las dudas sobre la transparencia de las elecciones y la violación a los derechos humanos.

“Colombia está viviendo de primera mano la represión que está sucediendo en Venezuela al estar recibiendo la mayoría de las personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos, personas que incluso fueron ciudadanos del común, que fueron miembros y testigos de mesa, por lo que sí sería muy contradictorio asistir a esa toma de posición frente a los últimos pronunciamientos que vuelven y ponen en tela de juicio sobre lo sucedido”, advirtió Rojas.

Ambos expertos consultados advirtieron que la situación en Venezuela va a cambiar, donde el país se podría enfrentar a más represiones y hasta más salidas de ciudadanos que no encuentran soluciones con Maduro en el poder. Sumado a que el mundo nuevamente se va a dividir entre los países que no lo reconocen y países que sí lo harán.

Recalcaron que Nicolás Maduro sabe lo que Colombia puede perder si no asiste a su posesión y de alguna manera tiene “contra la espada y la pared” a Petro, que tiene por delante una de las decisiones más complejas en el plano internacional. La decisión se conocerá el próximo 10 de enero, el desenlace de esa determinación podría repercutir en lo que resta del Gobierno.

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