Semana tras semana, los colombianos vivimos con la sensación de haber tocado fondo. Sin embargo, nuevos problemas emergen o los ya existentes se agravan, dejando al descubierto la profundidad del caos nos aqueja, consecuencia del desgobierno. En medio de una crisis financiera estatal, marcada por el despilfarro y la corrupción en el manejo de los recursos públicos, sectores esenciales de nuestra sociedad están siendo golpeados sin piedad: el orden público y la salud. La turbulencia institucional y política que atravesamos ha sido exacerbada por Gustavo Petro, quien, en vez de cumplir su deber constitucional de ser símbolo de unidad nacional, ha polarizado a la nación desde su llegada al poder. Este escenario caótico anticipa un 2025 que, lejos de ser un año normal, se perfila como una antesala electoral sombría marcada por el auge de la inseguridad y la debacle del sistema de salud. La violencia y la inseguridad se han apoderado del territorio nacional. Calles y ciudades son testigos de un flagelo propiciado por el debilitamiento de la Fuerza Pública y la ausencia de seguridad. La mal llamada “paz total” no ha sido más que un escudo para el accionar impune de los grupos narcoterroristas, que operan con alarmante libertad. Estas organizaciones criminales, conscientes de la inacción gubernamental, ven a sus cabecillas empoderados por el gobierno como “gestores de paz”. Las cifras son contundentes. Entre 2023 y 2024, se registraron más de 20.000 homicidios, superando los índices de años anteriores. Durante este mismo periodo, se perpetraron 196 masacres, un aumento del 17%. Según Indepaz, entre 2023 y el primer trimestre de 2024, fueron asesinados 218 líderes sociales. El Ministerio de Defensa reportó 458 secuestros hasta mayo de 2024, pero la Fiscalía investiga 2.388 casos por este delito. En cuanto a la extorsión, solo entre enero y mayo de 2024 se denunciaron 5.016 casos, aunque cifras extraoficiales sugieren que esta cifra podría quintuplicarse. El panorama se agrava con el fortalecimiento de los grupos armados ligados al narcotráfico. Durante el primer trimestre de 2024, su presencia creció un 46%, afectando a 263 municipios. El Clan del Golfo domina 60 zonas, mientras las Farc operan en 32 y el Eln en 29. Las encuestas más recientes reflejan la preocupación nacional: el 91% de los colombianos considera que la seguridad ha empeorado en los últimos dos años. Si esta tendencia continúa, expertos advierten que 2025 podría convertirse en el año más violento de nuestra historia reciente. Mientras tanto, Petro, lejos de abordar esta crisis, se enfoca en promover movilizaciones masivas en su favor, financiadas con recursos públicos. Ya anunció una “marcha campesina” que, según él, sería la más grande -y costosa- de la historia. Por otro lado, el caos en el sistema de salud ha alcanzado niveles alarmantes. La “crisis explícita” anunciada por la exministra Corcho ya está causando estragos. En el Chocó, el principal hospital público cerró sus puertas debido por falta de recursos del gobierno. Las ocho EPS intervenidas, incluida la estatal Nueva EPS, están al borde del colapso, con deudas cercanas al billón de pesos. En todo el país, se suspenden procedimientos médicos, suministro de medicamentos, y consultas. Este desolador panorama es el preludio de un 2025 que demandará de nosotros coraje y determinación para defender lo que hemos construido durante décadas. Más que nunca, será vital luchar por preservar nuestras libertades y la democracia, hoy amenazadas como nunca antes. *Expresidente del Congreso