El hundimiento de la reforma tributaria hizo explotar un estilo político que, aunque ya se conocía, no se había hecho evidente de manera tan primitiva y tosca: la patanería presidencial. Resulta que el presidente Petro se cree ahora legitimado para insultar y agraviar las instituciones de nuestra democracia porque el Congreso no le aprobó su segunda reforma tributaria. Olvida que desde el siglo XVII -en el mundo occidental al menos- quien tiene la última palabra en materia de impuestos es el Congreso y no el Ejecutivo. Igual sucede en Colombia. Y que, por lo tanto, es normal que un parlamento en donde los congresistas adeptos a Gustavo Petro no son más del 25% de las bancadas niegue una reforma a la tributación. Lo contrario hubiera sido lo sorprendente: que un Congreso en donde el Ejecutivo no tiene mayorías terminara aprobándole sin chistar todas sus ideas fiscales. El parlamentarismo nació en el mundo de las democracias occidentales cuando, desde la revolución francesa o de la llamada revolución gloriosa de Inglaterra, se reivindicó para los parlamentos de elección popular el derecho exclusivo y excluyente de autorizar el gasto y aprobar el impuesto. Ahora resulta que nuestro presidente -y los miembros de su gobierno en coro- salen a acusar de traidores y a maldecir a los congresistas que, ejerciendo sus legítimas prerrogativas, hundieron la reforma tributaria. Y no solo eso: vociferando que la negativa de la reforma tributaria va a dar al traste con las políticas sociales y con la estabilidad de la economía. En uno de los discursos más acalorados de Gustavo Petro de la semana pasada llegó inclusive a decir, irresponsablemente, que la decisión de las comisiones económicas del Congreso nos conduciría a tener que decretar el default en el servicio de la deuda externa. Hasta el director de crédito público tuvo que salir a apaciguar los mercados diciendo que el presidente no había dicho lo que sí había afirmado en Barranquilla. Pero, además: todo esto dicho por el presidente de Colombia de malas maneras envueltas en la más rupestre patanería. Todos los que habían votado el hundimiento de la reforma tributaria se convirtieron de la noche a la mañana, por virtud de las ofuscadas iras presidenciales, en enemigos del pueblo y de sus regiones. Hasta con las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado anunció que rompía relaciones, como si se tratara de otro estado con el que estábamos a punto de entrar en guerra, en vez de ejercer la cooperación y el diálogo que la Constitución exige entre los poderes públicos. Y todo esto porque el Congreso negó una reforma tributaria que no representaba más del 2% de los recaudos esperados para la vigencia del 2025. Ocultándole así a la gente que el desbarajuste fiscal al que ha conducido este gobierno al país es mucho más profundo con o sin reforma tributaria Es apremiante que la patanería presidencial le ceda ahora el paso a la sindéresis y al respeto institucional, para lograr el restablecimiento de la credibilidad en la política fiscal que hoy en día anda por el suelo. La llamada de atención del Consejo de Estado en este mismo sentido resultó digna y oportuna.

¿Qué hacer?

En primer lugar: expedir el presupuesto para la vigencia del 2025 que tendrá que ser infortunadamente por decreto, ya que la terquedad gubernamental hizo imposible su serena discusión en el Congreso como lo mandan las normas constitucionales. En segundo lugar: si efectivamente el Gobierno va a cumplir con la regla fiscal, debe simultáneamente expedir un decreto de “aplazamiento” de gastos para el año entrante en cuantía que, según los mejores expertos del país, no deberá ser inferior a $ 37 billones. Este “aplazamiento” tendrá que transformarse en “recortes efectivos” del programa de gastos si los recaudos -que andan desplomados- no se recuperan a lo largo del año entrante. Este aplazamiento primero, y recorte posterior, es ineludible para lograr una ejecución equilibrada en el 2025. Y todo esto deberá hacerse sin más patanería, sin nuevos insultos a las instituciones, entendiendo que de acuerdo con nuestra democracia quien tiene la última palabra en materia de impuestos es del Congreso. Y sin seguir amenazando a nuestros acreedores internos y externos de que vamos hacia una cesación de pagos. Lo cual no solo es inexacto, sino que le hace un mal inmenso a Colombia. El peor manejo de las finanzas públicas es el que se les está dando: a las patadas y con patanería. *Exministro de Estado