La Procuraduría abrió investigación en contra del entonces secretario de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Juan Felipe Acosta, y la subdirectora general y supervisora, Katherin Lorena Mesa, por presuntas irregularidades en un contrato dirigido a las víctimas. La investigación también cobija a la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), para la época de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, quien suscribió el cuestionado negocio jurídico. En concreto, el Ministerio Público investiga posibles sobrecostos en los productos y servicios convenidos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de un contrato para desarrollar “actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias”. Adicionalmente el ente de control busca establecer si Corambiental incumplió con algunas de sus obligaciones, como no contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio lo que pudo afectar una parte de los rendimientos financieros. Por último, y con el fin de determinar la existencia de los señalados sobrecostos y verificar desde qué fecha se generaron los rendimientos bancarios, la Procuraduría solicitó, entre otras pruebas, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial. /Colprensa