El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, le envió una carta al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexánder López, pidiéndole al Gobierno Nacional reconsiderar el aplazamiento de los recursos de inversión de la Contraloría General para la vigencia 2025 por $133 mil millones, pues dice que esto pone en riesgo el ejercicio de vigilancia y control fiscal de los recursos públicos. En la misiva, el ente de control asegura que “el presupuesto de inversión solicitado por la CGR en el anteproyecto fue de $424.844.280.994, mientras que el valor aprobado en el Decreto 1523 de 18 de diciembre de 2024 fue de $186.701.326.884, lo que representa una reducción de 56.05% de lo solicitado. Situación que de suyo demanda una limitación presupuestal que compromete la operatividad de la Contraloría General de la República”. Pero de esos recursos, el Gobierno señala que se deben congelar 133.000 millones, teniendo en cuenta no fue aprobada la reforma tributaria. Sin embargo, la Contraloría pide reconsiderar esa medida de aplazamiento de los recursos. Según la Contraloría, esto perjudicaría a la entidad en la modernización tecnológica, la infraestructura tecnológica y física, la gestión documental y el desarrollo de competencias y capacitación de los funcionarios. “De darse el aplazamiento, la CGR vería reducida su capacidad para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas de manera efectiva. La falta de recursos afectaría el desarrollo de actividades claves para monitorear el progreso de las políticas y su impacto en la sociedad. Esto dificultaría la supervisión adecuada de los resultados de los programas gubernamentales, limitando la capacidad de identificar si se están cumpliendo los objetivos establecidos. Sin los recursos necesarios, la CGR no podría realizar las actuaciones de manera oportuna, lo que comprometería la efectividad del control y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos”, se lee en la carta. Otras de las consecuencias que según el ente de control tendría esta medida es que se podrían exponer los datos confidenciales, interrupciones de los servicios y tendría un riesgo reputacional.