La Contraloría General  envió una comunicación a los 97 mandatarios locales de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), instándolos a realizar los trámites necesarios para garantizar el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la vigencia 2025. La alerta surge tras los resultados de los ejercicios de control fiscal realizados durante 2024, que evidenciaron afectaciones a millones de estudiantes y hallazgos fiscales por cerca de $8.000 millones en 32 departamentos y 35 municipios del país. Durante el 2024, la Contraloría Delegada para el Sector Educación supervisó la ejecución del PAE en 67 entidades territoriales, identificando 42 hallazgos fiscales en los que se incluyeron presuntos sobrecostos (44%) y falencias en la supervisión del programa (36%). Las regiones más afectadas fueron el Pacífico, los Llanos y el Eje Cafetero, con hallazgos por montos cercanos a $3.500 millones, $1.300 millones y $1.400 millones, respectivamente. El retraso en la ejecución del PAE afectó a cerca de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes durante 2024, quienes enfrentaron problemas relacionados con el inicio inoportuno del servicio, deficiencias en la calidad de los alimentos y suspensiones temporales. Además, 48 ETC reportaron alertas sobre retrasos en la contratación y en la prestación del servicio en todo el país. La Contraloría destacó la necesidad de que los 97 mandatarios locales de las ETC adelanten de manera oportuna los procesos precontractuales y presupuestales para garantizar la continuidad del PAE en 2025. Además, subrayó la importancia de que se contraten los servicios con costos reales y que la alimentación escolar sea de calidad y llegue conforme a los calendarios escolares, evitando que más de 5.900.000 estudiantes, actuales beneficiarios del programa, se vean afectados.