Un juez de la República condenó a Emilio Tapia a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción “Centros Poblados” y en irregularidades contractuales en las Empresas Municipales de Cali (Emcali). El empresario, a través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, reconoció los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Tapia, quien ofreció excusas públicas y se comprometió a colaborar con la justicia, asumió la responsabilidad de reintegrar $5.063 millones que había apropiado ilícitamente. Hasta el momento, ha restituido el 50% de esta suma mediante ocho títulos judiciales por un total de $2.532 millones. El restante será cubierto con dos pagarés que deberá presentar en abril y octubre de 2025, respaldados por un inmueble en San Cristóbal, Medellín. Tapia continuará recluido en un centro carcelario de Barranquilla mientras cumple su condena. *EL CASO CENTROS POBLADOS* En 2020, Emilio Tapia organizó un esquema fraudulento para participar en una licitación pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) destinada a dotar de internet a escuelas rurales por un billón de pesos. Tapia constituyó la Unión Temporal Centros Poblados mediante la compra de experiencia de otras empresas, presentando pólizas bancarias falsas para garantizar el contrato. Tras la adjudicación y legalización del contrato 1043 de 2020, Tapia gestionó un anticipo de más de $70.000 millones, de los cuales $5.063 millones fueron usados para adquisiciones personales, incluyendo obras de arte, vehículos y el pago de honorarios legales. *IRREGULARIDADES EN EMCALI* En 2021, Tapia replicó un esquema similar al conformar un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos de Emcali destinados a obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por $3.798 millones y $2.414 millones. Para obtener los contratos, falsificó pólizas que garantizaban el cupo de crédito requerido, induciendo a error a funcionarios de Emcali que aprobaron la contratación. Estos hechos configuraron nuevamente delitos que llevaron a la condena impuesta. La Fiscalía destacó que el caso ejemplifica los alcances del control penal frente a esquemas de corrupción en la contratación pública, con medidas enfocadas en la recuperación de recursos y la sanción de los responsables.