La juez tercera de control de garantías de Bogotá ordenó la detención preventiva en una guarnición militar de Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La togada cambió su decisión de recluirla en la cárcel El Buen Pastor, como había decidido inicialmente por razones de seguridad. La investigación apunta a que dentro de esa entidad se creó una "organización criminal", como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados. En ese contexto, la más alta ficha del gobierno del presidente Gustavo Petro, salpicada por este escándalo, fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por orden de Carlos Ramón González. El abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, afirmó que su clienta ha sido víctima de presiones indebidas por parte del ente acusador, incluyendo una propuesta de preacuerdo sin especificar los términos. Medina calificó la situación como un intento de vincular a Ortiz al presidente Gustavo Petro, asegurando que ella fue usada para "salpicar" al mandatario. Ortiz también defendió su inocencia en la audiencia. "Soy una mujer inocente de todos los delitos que me están acusando. Voy a ir hasta las últimas consecuencias por mi inocencia", afirmó. /Colprensa