Consejo de Estado solicita aclaraciones sobre la designación de Jorge Carrillo como presidente de ISA

El proceso de nulidad electoral contra Jorge Andrés Carrillo Cardoso, actual presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ha dado un nuevo paso luego de que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunciara de nuevo.

El tribunal supremo emitió auto, firmado por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, que exige aclaraciones clave sobre el trámite de su designación y posesión.

El documento del Consejo de Estado, fechado el 16 de diciembre de 2024, solicita formalmente a la junta directiva de ISA que informe, en un plazo de cinco días hábiles, sobre el proceso seguido para la designación de Carrillo, incluyendo si tomó posesión efectiva del cargo y si dicho nombramiento ya está surtiendo efectos legales.

Además, el tribunal le pide a la Cámara de Comercio de Medellín detallar cómo se realizó la inscripción de Carrillo, remitir copia de las decisiones tomadas y aclarar si las mismas son firmes o están sujetas a recursos pendientes.

La solicitud también exige especificar las normas que regulan el procedimiento registral, dejando entrever que aún existen dudas sobre la legalidad y formalidad del proceso.

Ante este escenario, el concejal Alejandro De Bedout reaccionó, reiterando su llamado a que Carrillo dé un paso al costado. “Nuevamente le pedimos al señor Carrillo que no perjudique a la entidad y se aparte del cargo. ISA no puede permitirse estar en el centro de esta controversia jurídica, que genera incertidumbre y afecta su operación”, señaló De Bedout.

El concejal insistió en que esta situación podría tener repercusiones negativas para la compañía, una de las más importantes en el sector energético del país: “Estamos hablando de una entidad clave para Colombia. Aquí lo que se necesita es claridad y transparencia. Que la justicia actúe y se esclarezca si la designación de Carrillo fue legal”, agregó.

El Consejo de Estado, a través de este requerimiento, busca que tanto ISA como la Cámara de Comercio aclaren si se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley para la inscripción y posesión del cargo.

De acuerdo con el documento judicial, estos informes serán decisivos para resolver la demanda de nulidad electoral presentada por Julio César Yepes Restrepo, accionista minoritario.

La petición de aclaración se enmarca en el proceso de control judicial que evalúa la legalidad de actos electorales y administrativos. Según la magistrada Gómez Montoya, los datos solicitados son necesarios para determinar si existen vicios de nulidad en la designación de Jorge Andrés Carrillo.

Este desarrollo marca un nuevo capítulo del proceso. Las respuestas de ISA y de la Cámara de Comercio de Medellín serán cruciales para despejar las dudas y determinar si la designación de Carrillo cumple con los requisitos legales.

Además, luego de cuatro meses de expectativa, este fin de semana se conocieron las actas de las reuniones de la Junta Directiva de ISA que resultaron en la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de esta empresa estratégica para el Estado.

Los documentos revelaron que Carrillo, según la evaluación de la firma cazatalentos Korn Ferry, era uno de los menos calificados para ocupar el cargo. La Junta se reunió los días 14 y 15 de agosto, y en medio de tensiones evidentes, representantes de Ecopetrol y miembros que velan por intereses de fondos de pensiones y EPM (Juan Pablo Zárate, Germán Arce, Camilo Zea y Carlos Raúl Yepes) expresaron sus reservas frente a la candidatura de Carrillo.

Entre los anexos, se incluyó una carta del exmiembro de la Junta Diego Muñoz, quien denunció una presunta injerencia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para que se considerara la hoja de vida de Carrillo. Al final, pese a los señalamientos y las advertencias sobre procesos disciplinarios que rodean al candidato, la Junta inclinó la balanza con cinco votos a favor y cuatro en contra, dejando constancia de los riesgos legales que esto podría implicar.

La controversia no se detuvo allí. Posteriormente, gremios como Proantioquia y representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación por la decisión de dejar en manos de Carrillo una empresa de alto valor estratégico, en medio de cuestionamientos éticos y legales.

En octubre, el Consejo de Estado solicitó las actas de la reunión tras una acción de nulidad electoral. A la semana siguiente, la Cámara de Comercio de Medellín suspendió la inscripción del registro de Jorge Carrillo como representante legal de ISA, mientras la compañía aclaraba que contaba con “múltiples representantes legales” para sus operaciones. Además, salió a la luz que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, habría tenido influencia en el proceso.

/ElColombiano