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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, emitió este martes una advertencia al director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda, sobre los riesgos que amenazan la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito.
La advertencia surgió tras un informe que evidenció rezagos en la formalización y actualización catastral en el país, así como una considerable subejecución de los recursos asignados entre 2016 y 2023.
De acuerdo con el informe intersectorial elaborado por la Contraloría, apenas 73 municipios del país, equivalentes al 6,62%, cuentan con actualización catastral total.
En términos de extensión, esto representa 8,8 millones de hectáreas frente a los 114 millones que componen el territorio nacional.
Asimismo, se evidenció que el 91,45% del área rural y el 72,10% de la urbana carecen de datos actualizados, lo que refleja un rezago significativo en la información catastral disponible.
Este panorama compromete el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que establece una cobertura del 70% en la implementación del Catastro Multipropósito.
La Contraloría advirtió sobre la pérdida recurrente de apropiación presupuestal. Durante el periodo 2016-2019, en promedio, el 29% de los recursos asignados no fueron utilizados, mientras que entre 2020 y 2023, el promedio de recursos no comprometidos alcanzó el 46%.
El informe destacó que esta situación afecta especialmente a municipios vulnerables, como aquellos impactados por el conflicto armado y la pobreza, donde la actualización catastral es aún más crítica.
Impacto en la Reforma Rural Integral
Según el ente de control, los retrasos en la implementación del Catastro Multipropósito tienen implicaciones directas en la Reforma Rural Integral (RRI), contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016.
La falta de actualización catastral ha impedido la formalización y redistribución de tierras, así como la identificación y compra de predios necesarios para avanzar en la reforma.
“En la medida en que continúe la pérdida de apropiación presupuestal, que para el periodo comprendido entre 2020 y 2023 tuvo un promedio del 46%, no se podrá cumplir con el objetivo de implementar el Catastro Multipropósito en los tiempos y metas establecidos en los planes de desarrollo”, explicó Rodríguez.
La Contraloría concluyó que los riesgos identificados, además de su trascendencia social, poseen una alta connotación económica, por lo que urgió al IGAC a tomar medidas correctivas que permitan acelerar la ejecución presupuestal, garantizar la interrelación entre catastro y registro, y priorizar los territorios con mayor rezago en el país.
/Colprensa