En duda legalidad de designación de exjefes paramilitares como gestores de paz

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, puso en duda la legalidad de la resolución con la que el Gobierno designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, advirtiendo que esta decisión podría estar violando derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y, además, no cumplir con la normativa vigente.

En su pronunciamiento, la jefe del Ministerio Público destacó que la medida podría tener serias implicaciones legales y sociales, generando incertidumbre sobre su validez y afectando la dignidad de las víctimas.

La Procuraduría General cuestionó, en primer lugar, la falta de claridad en la resolución, señalando que no especifica bajo qué artículo de la Ley 2272 de 2022 se basó la designación de los exjefes paramilitares.

Esta ley, que regula los acuerdos de paz y el sometimiento a la justicia de los grupos armados al margen de la ley, exige una serie de condiciones y procedimientos que no han sido cumplidos con esta resolución.

Cabello Blanco resaltó que la omisión de este detalle fundamental deja abierta la posibilidad de que la medida sea considerada ilegal.

Otro de los puntos críticos señalados por la Procuraduría es la legitimidad de los gestores designados. En su análisis, la Procuradora afirmó que los 18 exjefes paramilitares no cumplen con los requisitos legales para representar a los grupos armados actuales.

Además, destacó que no hay evidencia de que los exjefes hayan sido aceptados por las estructuras criminales a las que supuestamente pertenecían, lo que pone en duda su capacidad para actuar como voceros legítimos en el proceso de paz.

La Procuradora también subrayó el peligro de revictimización que esta medida podría causar a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos.

Al incluir en el proceso de paz a individuos con antecedentes de crímenes atroces, como Hernán Giraldo Serna, la resolución podría deslegitimar las luchas de las víctimas y contradecir los principios de justicia transicional.

Cabello Blanco recalcó que la inclusión de estos exjefes paramilitares podría afectar la confianza de las víctimas en el sistema judicial y en el proceso de paz.

La procuradora hizo un llamado al Gobierno a reconsiderar la medida, asegurando que «la paz debe construirse sobre cimientos sólidos, respetando la dignidad de las víctimas y actuando siempre dentro del marco legal».

Para Cabello, la resolución tal como está planteada no garantiza estos principios fundamentales y podría resultar contraproducente para los objetivos de reconciliación y justicia.

BOGOTÁ, (Colprensa).