La transición justa trata de avanzar en el desarrollo de una economía descarbonizada creando las condiciones adecuadas para que ninguna industria, territorio o grupo social se vea perjudicado. Con la participación de delegados de varias organizaciones cívicas, líderes de las Juntas de Acción Comunal, representantes de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, se conformó la Coordinadora Territorial Energética de la región Caribe. Así se decidió en el marco de una asamblea por la democratización energética y la paz que se desarrolló ayer en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) sede Santa Marta a donde acudieron veedores de los servicios públicos domiciliarios, voceros de algunas asociaciones e invitados especiales. Según Vilbrum Tovar Peña, uno de los gestores de la iniciativa, la asamblea fue todo un éxito ya que se hizo un análisis del contexto actual por el que atraviesan los departamentos que conforman la región Caribe con la necesidad de organizarse para ser actores claves y exigir una transición energética justa no centralista. “Agradecemos la participación de los representantes del Ministerio de Minas y Energía, así como los de la Superintendencia de Servicios Públicos y otros expertos quienes vinieron como invitados para fomentar el diálogo y la colaboración en torno a la democratización energética, así como la construcción de paz en nuestra región”, destacó Tovar Peña. La transición justa trata de avanzar en el desarrollo de una economía descarbonizada creando las condiciones adecuadas para que ninguna industria, territorio o grupo social se vea perjudicado por este avance. Por ejemplo, una empresa que hasta el momento funcionaba con combustibles fósiles y que decide aprovechar los incentivos del gobierno nacional para cambiar a paneles solares, en lugar de despedir a sus profesionales, tendrá que desarrollar planes de formación y de reconversión laboral para reubicarlos en otros trabajos más ecológicos. En contexto, el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía cuenta con una hoja de ruta lograda gracias al esfuerzo colectivo y participativo en los denominados “diálogos sociales nacionales”, que fueron en total 27 e involucraron a más de 2.000 participantes. Se tiene además un documento o diagnóstico base para la transición energética justa, que expone el papel de los sectores en las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia y el compromiso de reducirlas en 51% para el 2030. Referente al potencial energético y las oportunidades de descarbonización que tiene el país en los usos de la energía final, en la Hoja de Ruta se contempla el potencial de producción de energía a partir de bioenergía, geotermia, hidroelectricidad, eólico (costa adentro y costa afuera), solar fotovoltaico, solar distribuida, hidrógeno verde y biomasa.