Las pruebas que complican a los generales Óscar González Peña y Pico por falsos positivos

Se tuvo acceso a varios documentos que fueron recuperados en una inspección de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que complicarían aún más la situación jurídica de los generales (r) Óscar González Peña y Luis Roberto Pico Hernández, excomandantes de la Cuarta Brigada del Ejército durante dos periodos: 2004 a 2006, quienes ya son investigados por su posible responsabilidad en falsos positivos.

La información recabada por la magistratura y que hoy revela La W, está consignada en las minutas que fueron inspeccionadas en el marco de la investigación; estos documentos evidencian conversaciones entre estos comandantes de Brigada con sus comandantes de Batallón en los que se hacen comprometedoras afirmaciones que evidencian las incesantes presiones para presentar muertos.

En el caso del general Óscar González Peña, la jurisdicción recaudó distintos documentos en el marco de los programas que adelantaba el comandante de la Cuarta Brigada y donde por ejemplo exigía que se debía presentar al menos una (1) baja diariamente, se establecían plazos definidos para presentar determinado número de muertos (por ejemplo las unidades de infantería al menos 5 muertos por mes) o se trazaban metas de tener que presentar 30 muertos al mes.

De hecho, fueron encontradas menciones directas referentes a que “las unidades que aún no han hecho bajas están perdiendo el año” en el libro del comandante de la Brigada, Óscar González Peña, a sus subalternos en los programas radiales.

En los documentos que fueron recaudados en la Cuarta Brigada y que hoy revela La W, también se evidencia que durante la comandancia de Óscar González Peña se hacía un seguimiento riguroso a la cantidad de bajas y se hacía conteo y presión cuando pasaban los días y no se presentaban muertos, enfatizando en ello y reforzando lo dicho por distintos soldados ante la JEP sobre esas exigencias.

Asimismo, dentro del numeroso material que fue recolectado por la JEP aparecen afirmaciones constantes como “la función es dar de baja a los bandidos”, “las unidades hace 72 horas no hacen bajas”, o que “los terroristas el idioma que entienden es darles de baja”.

Pero además, se manejaba y se calificaba bajo el concepto de “guerra jurídica” contra el Ejército las denuncias de diferentes actores por posibles casos de ejecuciones extrajudiciales o quejas por violaciones a los derechos humanos, y se instruía a que ojalá todas las bajas fueran con “fusiles” aseverando que, supuestamente las bajas tenían que ser “bien hechas” y dentro “del marco de las leyes”. También que tenían que aprovechar ya que el gobierno Uribe en 2005 se estaba acabando.

Ya como comandante del Comando Conjunto Caribe en octubre de 2006, el general González Peña señaló que las denuncias contra la Fuerza Pública por este tipo de crímenes no debían “amilanarlos” y hacían parte de la “guerra jurídica” impulsada por el “enemigo”, haciendo mención a que el ministro de Defensa Juan Manuel Santos había sido claro en que tenía que exterminarse a las Farc.

De hecho, insistiendo en el concepto de “guerra jurídica” por las denuncias sobre falsos positivos, se solicitó, como aparece escrito en los libros, que se contactara a la Defensoría Militar (Demil) para que “nos defienda a la gente”.

Y aunque el general González Peña, según los libros, solicitaba que se dieran las bajas haciendo las “cosas bien” y “en altura”, también fueron hallados manuscritos en los libros, cuando era comandante de la Cuarta Brigada, en los que por ejemplo se le dice a una de las unidades: “En su área hay cierto terrorista, hay que darle de baja”.

El tema de la presentación de muertos y más muertos era tan concreto dentro de la Cuarta Brigada durante el mando del general (r) Óscar González Peña como evidencian estos documentos, que incluso en una de las conversaciones de su jefe de operaciones con el jefe de operaciones del Batallón Ospina, se notaba la desesperación porque les les faltaban 8 muertos para cumplir con la cuota y apenas restaban dos días para que se terminara el tiempo.

Por otro lado, en el caso del general Luis Roberto Pico, sucesor del general Óscar González Peña para el 2005 -2006, la inspección a los documentos de la Cuarta Brigada también evidenció la misma política: exigencia intensa por presentar muertos, los conteos y metas con base en las “bajas”, así como la mención a la “guerra jurídica” como forma de dirigirse a la denuncias que alertaban por ejecuciones extrajudiciales.

Dichos escritos complementan los señalamientos que ha recibido Pico por sus exsubalternos, pasando de solo acusaciones verbales a pruebas ya visibles como ocurre con el general Óscar González Peña y las presiones, que mostrarían la exigencia constante desde la Cuarta Brigada por bajas, así como omisión a las denuncias que alertaban lo que en realidad estaba pasando.

En la numerosa evidencia documental recabada en las inspecciones, que hace pública La W, se encuentran conversaciones entre el comandante de Brigada, el general Luis Roberto Pico y el comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, en las cuales se hace constante mención a la exigencia de “neutralizar”, de “dar de baja”, “dar de baja al enemigo”, “360 bajas” en 2006 y también se hacían cuentas de los días que las unidades en terreno llevaban sin presentar muertos.

Además fue encontrada la siguiente frase: “recordar que las bajas es lo más importante”.

Pero las comprometedoras conversaciones que fueron detalladas y fueron recuperadas por la JEP no solo enredan a Pico directamente como comandante, también a su jefe de operaciones de la Brigada en lo que mostraría una política uniforme desde la Cuarta Brigada de presionar intensamente por la presentación de muertos y muertos a sus unidades.

Por ejemplo, dentro de una conversación entre el jefe de operaciones del coronel Pico, y el jefe de operaciones del Batallón Ospina en enero del 2006, quedó consignada la exigencia para que las unidades de ese batallón que no habían presentado muertos la semana anterior, se pusieran al día la siguiente semana: “tiene esta semana para que inicien y romper el marcador”.

 

Dentro del material hallado, aparece un documento donde el jefe de operaciones del general Luis Roberto Pico hace mención directa al general Mario Montoya, quien en ese momento era comandante del Comando Conjunto Caribe, dejando en evidencia que las bajas era “lo más importante” y la mejor “acción integral” era ver un “bandido dado de baja”.

“Los bandidos están al acecho, los bandidos están desesperados, repito las palabras de mi General Montoya, la mejor acción integral es ver un bandido dado de baja, la sociedad como cree en nosotros, la sociedad como nos coge cariño, cuando ve que somos eficaces”, dice la minuta.

La ONU, el CICR, la Defensoría del Pueblo y otros sí denunciaron ante la Cuarta Brigada lo que estaba pasando

Además de la presión constante e intensa por muertos y muertos, la JEP también encontró que la Cuarta Brigada del Ejército bajo el mando de los generales Óscar González Peña y el para ese momento, coronel Pico, recibieron sendas denuncias desde el programa presidencial para los Derechos Humanos o la ONU desde el 2004, alertando por violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, pero lo cierto es que los crímenes de este tipo continuaron ocurriendo dentro de la Brigada por lo menos hasta el 2008.

“29 casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este conocimiento se evidencia en el oficio enviado por el entonces Comandante de la División VII, el General Óscar Enrique González Peña, al Comandante de la Brigada IV y la respuesta que se envía por parte de la Brigada al Inspector General del Ejército Nacional”, señaló la JEP en mención a un oficio que recibió González Peña y trasladó al coronel Pico.

Asimismo, en inspecciones al periódico El Colombiano, la magistratura encontró al menos siete noticias que mostrarían que las denuncias por posibles casos de falsos positivos eran evidentes y públicas, así como comunicados de la Corporación Jurídica Libertad (ONG de Víctimas) alertando por esos crímenes cometidos en el 2006 por unidades de la Cuarta Brigada, los cuales llegaron a manos de la Fiscalía y hasta de la gobernación de Antioquia, pero los casos siguieron ocurriendo.

Es más, la Defensoría del Pueblo y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) enviaron denuncias directamente al general Luis Roberto Pico Hernández pidiendo que revisara al menos dos casos de ejecuciones extrajudiciales, punto sobre el que Pico tendrá que explicarle a la JEP qué hizo con esos documentos y si hubo alguna aplicación de medidas. Incluso la asesora jurídica de la Cuarta Brigada al mando de Pico entregó un informe con 129 posibles violaciones a los derechos humanos.

“Durante su comandancia se emitió un concepto por la abogada asesora de la Cuarta Brigada respecto de 129 casos de presuntas violaciones de DDHH y/o al DIH, las cuales fueron entregadas a la brigada por parte de la Gobernación de Antioquia y la Procuraduría General de la Nación”, se evidencia.

Toda esta evidencia documental que pone en aprietos a estos dos generales (r) que han negado cualquier responsabilidad, les fue remitida con el fin de que respondan a cada una de esas evidencias, así como que expliquen las afirmaciones en las que se haría evidente que las exigencias eran muertos y más muertos como señalan los soldados, imponiendo “cuotas” de bajas a presentar y calificando las denuncias recibidas como “guerra jurídica” contra el Ejército.

/WRadio